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La ley 18.502 o más conocida como “impuesto especifico a los combustibles”  se promulgó en el año 1986 para reparar los daños en carreteras y caminos producidos por el terremoto de 1985. A través de este tributo se pretendía recuperar de manera más rápida la infraestructura perdida en el país producto de dicha catástrofe. Sin embargo con el pasar de los años y superada ya la emergencia de ese entonces, se comenzaron a sentir las primeras voces que pusieron en duda la necesidad de mantener vigente este impuesto, sobretodo teniendo en cuenta que las principales autopistas y carreteras nacionales comenzaron a ser traspasadas a manos privadas a través del sistema de concesiones, por lo cual el Estado ya no era el responsable directo de repararlas.

Una de las virtudes que tuvo esta tributación en sus inicios fue que ayudó a solucionar un problema especifico a través de recursos frescos que se obtenían desde los mismos contribuyentes que hacían uso de los caminos y carreteras, pero cuando finalmente se cumplieron los objetivos establecidos y el impuesto dejó de cumplir la función para lo cual fue creado, nadie se preocupó de determinar la necesidad de mantener el impuesto o bien la factibilidad de reasignar estos recursos en otra área.

A nivel interno, la existencia de este impuesto afecta el bolsillo de todas aquellas personas que usan sus vehículos particulares para poder desplazarse. Se calcula que el ahorro aproximado para estos últimos sería de 200 pesos por litro en caso de no existir el impuesto. Además afecta a todos los bienes y servicios que dependen del petróleo dentro de su cadena productiva, aunque la tributación específica para el diesel es menor  que la de las bencinas.

El panorama externo tampoco es alentador, los actuales precios del petróleo con sus constantes alzas, la demanda creciente a nivel internacional, el agotamiento de los yacimientos existentes y la disminución en la cantidad de nuevos depósitos descubiertos, hacen preveer un complejo escenario para la competitividad y desarrollo de muchos países en el mediano plazo, entre los cuales Chile figura como uno de los principales afectados ya que importa casi la totalidad del petróleo y gas natural que consume.

Si se tuviera que seguir conviviendo con este impuesto, una de las prioridades sería redestinar los recursos que se recaudan. Esta tarea debió ser planteada y ejecutada hace muchos años y para un país con la dependencia energética que tiene Chile el tiempo perdido es imperdonable. Se han perdido oportunidades únicas de investigar y ser pioneros en el desarrollo de nuevos combustibles, en crear sistemas de transporte publico menos contaminantes y realmente eficientes a lo largo de todo Chile y, contextualizando aun más el uso del impuesto, se podría estar trabajando en solucionar el problema creciente que tiene muchas ciudades chilenas: “los eventos”. Reparar las calles en mal estado nuevamente iría en beneficio directo de quienes utilizan estas vías para desplazarse y se podrían asignar recursos de manera proporcional al tamaño del parque automotriz de cada ciudad.

En caso de eliminarse este impuesto, claramente debería optarse por un cambio paulatino. Es difícil predecir el impacto vial y de contaminación que generaría esta alternativa en las ciudades chilenas, pero sería una pésima decisión optar por comprar una bencina más barata a cambio de ciudades aun más congestionadas, más contaminadas y con peor calidad de vida.