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La comunidad organizada de ex residentes del edificio Alto Río se negó a realizar cualquier acto inaugural de las obras de demolición que comienzan mañana en la denominada zona cero, y hasta donde se rumoreaba llegaría el ministro de de Obras Públicas, Laurence Golborne.

Ya está instalada la maquinaria de las empresas Consorcio Consytec y Servicios Daneses de Demolición, que se adjudicaron las obras por una inversión de poco más de 146 millones de pesos. Al igual como harán otras empresas con la Torre O’Higgins por 993 millones, y en las torres Libertad y Alto Arauco II, ambos  por un monto de 1.439 millones.

En total tendrán 135 días para demoler los cuatro edificios, es decir, al 4 de enero de 2012, las empresas deben haber sacado los escombros de los terrenos en que se emplazan los edificios declarados irreparables.

Mónica Molina, representante de la comunidad de ex residentes del edificio Alto río, manifestó que este es un logro de los propietarios a través de la presión que ejercieron para que se les diera solución y aseguró que no aceptarán aprovechamiento político.

“En función de eso, pidiendo el respeto por los vecinos que fallecieron y por el dolor de las familias que sobrevivimos a la caída del edificio, es que hemos solicitado que no se haga ningún acto. Por lo que entendemos, se había pensado hacer una ceremonia de inauguración de las obras y nos parece que es absolutamente imprudente en el caso de Alto Río”, dijo la representante de los residentes.

Desde el año pasado que se han coordinado al menos cuatro de las comunidades afectadas de los edificios Alto Río, Plaza del Río, Alto Arauco y Centro Mayor, no sólo para presionar al Gobierno por la reparación económica, sino también para hacer cambios legales al decreto supremo de construcción y urbanismo, además sobre los insuficientes ajustes a la norma antisísmica y las responsabilidades de fiscalización directa que deben realizar las municipalidades.

Por el momento, el pago de las obras de demolición corresponde a los propietarios y si bien el Ejecutivo ha mostrado voluntad para absorberlos, aún no encuentran la fórmula que haga efectivo esta intención.

Aún está pendiente la resolución que permita la demolición de los edificios Centro Mayor, Rodrigo de Triana y Plaza del Río. Respecto a este último, Guillermo Ruz, representante de los propietarios, cree que no ha habido disposición del Gobierno, y que no se han cumplido los acuerdos establecidos en marzo de este año.

“Existe indolencia de parte del Gobierno, falta de compromiso, letra chica, cero interés por querer colaborar y abandono de la clase media. Nosotros somos el claro ejemplo de la gente de ese sector y que ha tenido que batírselas sola porque las autoridades en ningún caso se han hecho responsables de nada. Hemos sido nosotros quienes hemos tenido que solicitar por intermedio de un político una reunión con el Ministro del Interior. En esa instancia, se prometieron una serie de cosas de las que no se ha cumplido nada”, denunció Ruz.

Por otra parte, Enrique Hernández, uno de los seis abogados del estudio jurídico que representa a los ex residentes y además a las familias de los fallecidos en el desplome del edificio Alto Río, señala que los afectados esperan no sólo reparación económica, sino también moral por parte de los responsables.

“En las audiencias y en las rendiciones públicas no han mostrado ninguna voluntad por manifestar un cierto grado de arrepentimiento y al contrario asumen un posición donde aseguran que no tienen responsabilidad, es decir, asumen una teoría negativa de defensa. Tendrán que corroborar sus dichos en la ocasión correspondiente. Pero buscamos una satisfacción moral y una reparación económica”, precisó el jurista.

El abogado y la comunidad esperan que el fiscal Nelson Villegas cierre la investigación, lo que podría suceder la próxima semana, para luego revisar la acusación y avanzar hacia la sentencia que establezca los responsables de los ocho fallecidos y 92 heridos en la zona cero.

Vía: Radio U. de Chile [12]