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La muerte del joven malabarista Francisco Martínez Romero de 27 años en la serena ciudad de Panguipulli el pasado 5 de febrero a manos del sargento segundo Juan Guillermo González Iturriaga, desencadenó una serie de manifestaciones y desorden público que en lo sucesivo germinó atentados incendiarios que arrasaron con una decena de edificios públicos, entre ellos la Municipalidad, el Registro Civil, Correos de Chile y el Juzgado de Policía Local.

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Este nuevo hecho de violencia absolutamente evitable y su nomológico corolario deja entrever una vez más no sólo la necesidad de reformar Carabineros de Chile, sino en términos generales: la crisis de las instituciones públicas en nuestro país y el desarraigo de la ciudanía en una progresión peligrosa que de no ser encauzada podría incluso concluir en un Estado fallido; toda vez que entendemos por este concepto la erosión de la autoridad del Estado para ejercer el monopolio de la violencia, organizar la seguridad pública, controlar el territorio y proveer los servicios básicos elementales que la ciudadanía demanda.

El estallido social del 18 de octubre de 2019 puso en evidencia esta fragilidad estructural, de un Estado cuestionado tanto en sus fuerzas de orden (casi todas: desde Carabineros al Ejército pasando por la Armada, envueltas en casos de corrupción endémica develados en los últimos años) como en la gestión administrativa, al debe ante la evolución de las demandas ciudadanas por todos conocidas, evidencia que impulsó el plebiscito constitucional del pasado 25 de octubre.

Lo complejo a este respecto es que -ad portas de redactar una nueva Constitución Política-subsisten dos visiones contrapuestas de Estado, que no sólo colisionan en lo tocante a la doctrina (subsidariedad vs principalidad) o los fundamentos económicos, también divergen en la percepción del rol que deben cumplir las FF.AA. y de Orden en función del Estado de Derecho y la paz social y he aquí el surco que divide posiciones de derecha e izquierda; partidarios los primeros de un Estado reducido pero vigoroso en su rol autoritario e inclinados los otros hacia un Estado más activo y omnipresente, pero más permeable a la agenda global de los DD.HH. Como siempre Aristóteles dicta la norma y sólo una posición de equilibrio o “justo medio” entre ambas posiciones puede aportar la estabilidad futura esperada.

Tras la muerte del joven malabarista, lo obvio: narrativas y discursos sectarios de uno y otro lado del espectro político se esparcieron por los medios y las RRSS (Twitter y Facebook) cada cual relativizando para su propia trinchera ideológica una nueva desgracia que remece nuestro cada vez más débil historial democrático. Es verdad que se ha ido perdiendo con los años el respeto cívico y que Carabineros es la primera institución en ir al choque recibiendo descargas de cuestionamiento e insatisfacción social, pero tampoco es menos cierto que Carabineros tiene protocolos, procedimientos y una preparación suficiente para actuar frente al amplio espectro de las contingencias ciudadanas y retener a gente exaltada en las más diversas condiciones (delincuentes, adictos, personas mentalmente enajenadas) sin disparar a matar.

Es inequívoca la responsabilidad institucional en la muerte del joven malabarista Francisco Martínez Romero, quien además padecía de esquizofrenia y que de seguro en su fuero interno archivaba no poco resentimiento contra la institución, considerando el hecho objetivo de que su sobrino de 16 años fue víctima de una acción policiaca ampliamente cuestionada, al verse arrojado desde el puente Pio Nono por un cabo en días previos al plebiscito. Si en un robo a mano armada semanas atrás una funcionara de la PDI tuvo el suficiente tino de disparar a su victimario en las piernas, esta es también -como máximo- la reacción esperable de un carabinero o cualquier otro uniformado que enfrenta a un ciudadano alterado provisto de arma blanca (lo cual a la altura que termino de redactar esta columna es materia de investigación aún no del todo clara).

Por lo pronto, la reforma en curso a Carabineros que contempla cuatro pilares (Institucionalidad, carrera policial, gestión y control de orden público con ahínco en los DD.HH.) es perentoria e indispensable, pero no llegará a buen puerto a menos que se conceptúe como una reingeniería cabal y ambiciosa que debe pasar necesariamente por aumentar el sueldo de los subalternos, profesionalizar la malla, mejorar los filtros de ingreso y estándares de graduación, instruir en autodefensa, artes marciales y uso discrecional de las armas, además de reorientar en humanismo el rol social de la institución.

Sin perjuicio de lo anterior, la alta oficialidad de Carabineros también requiere ser sujeta a una modernización de los estándares y a un barrido ético institucional que erradique prácticas, elementos, preceptos y a funcionarios perniciosos dentro del sistema.

Un viejo refrán en minería reza que “la cola se mueve en la misma dirección que la cabeza” y cuando vemos a altos funcionarios de carabineros y/o del gobierno (incluyendo precandidatos presidenciales) respaldando a todo efecto el actuar negligente de González Iturriaga, nada puede recordármelo menos. Hoy más que nunca son la seguridad pública y la gobernanza del país las que están en juego y mientras no logremos recuperar el respeto cívico desde y hacia las instituciones, Chile sólo seguirá desfalleciendo.

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