diego_insunza_2020_11_09.jpg [10]

Carencias producto del sistema económico, de salud y laboral, además de precarias condiciones en la calidad de vida y escasas condiciones de habitabilidad, son a las que se ha sometido la sociedad. Y la sexualidad no es un tema aparte.

Te puede interesar: Pandemia: Ya son seis comunas de la región en fase dos [11]

Falta de educación sexual, escasez de medicamentos, violencia de diferente índole, femicidios y diversos asesinatos. Todo se ha incrementado, pero las autoridades no toman cartas en el asunto. Así quedó demostrado el mes pasado, cuando se archivó el proyecto de ley sobre “educación sexual integral”, el que no alcanzó el quorum requerido en la cámara de diputadas y diputados, y que lamentablemente evidencia la falta de compromiso existente en estas temáticas.

El proyecto de ley, intentaba impulsar la educación sexual desde la primera infancia, enseñando sobre afectividad, autoconocimiento y autocuidado, lo que contribuye a disminuir problemas presentes en relación a violencia de género, abuso sexual, embarazo adolescente, respeto por la diversidad y orientación sexual, entre otros. Uno de los argumentos que hubo en contra, hacían alusión a que la familia es la que tiene que decidir, pero al menos en Chile, existe una alta tasa de abuso sexual intrafamiliar, por lo que la educación en estos temas, ayudaría a identificar y denunciar desde sus inicios.

Pero bueno, dentro de tanto retroceso, igual hemos ido dando pequeños pasos, como por ejemplo la aprobación de la “ley pack”, que sanciona la divulgación de material audiovisual, audios, imágenes y/o videos sin consentimiento. Sin lugar a dudas, es un avance importante, que esperemos impulse otros proyectos de ley que resguarden la seguridad de quienes producto del distanciamiento físico, y las diferentes fases de cuarentena a lo largo del país, han masificado encuentros no presenciales, como la práctica del sexting, aplicaciones de citas y páginas web, entre otros.

El ámbito de los métodos anticonceptivos hormonales no ha estado exento de problemas. Así ocurrió con las pastillas Anulette, Minigest y Conti-Marvelon, que debieron ser retiradas por el Instituto de Salud Pública (ISP), dejando en evidencia que la industria farmacéutica no es perfecta, y que la única medida al respecto ha sido retirar las pastillas del mercado. Para las usuarias de las pastillas se ha indicado el cambio de método anticonceptivo, sumado a una visita a la matrona o matrón. Al parecer la responsabilidad sigue estando en el consumidor, y no en los laboratorios, que debiesen hacerse cargo de los evidentes efectos que pudieran ocurrir en conjunto con el Estado, que producto del marco legal, no podría efectuarse alguna solución en caso de una concepción no deseada.

Otras vulneraciones a los derechos sexuales y reproductivos, ha sido la falta de stock en los tratamientos antirretrovirales (TARV) para personas que viven con VIH, lo que les permite tener el virus indetectable e intransmisible, lo que implica la detención del tratamiento. Lamentable que situaciones como estas sigan ocurriendo.

Los derechos sexuales y reproductivos han sido vulnerados de múltiples maneras en tiempos de pandemia, pero han sido inadvertidos, ya que el principal foco es el COVID-19. Es bueno saber que se están tomando cartas en el asunto, pero es imperante que las autoridades se hagan cargo de otras amenazas para la integridad de sus habitantes, y que podrían significar inclusive, un costo menor de inversión. La educación y la información es una buena arma, siempre y cuando estén al alcance de la gente.