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El deporte en Chile no está consagrado en la Constitución de 1980, pero sí es considerado en otros cuerpos normativos, los cuales intentan robustecer el rol del Estado en esta materia, incluyendo a su vez, una constante invitación al aporte privado. La ley Nº 19.712, conocida como Ley del Deporte, publicada en 2001 y cuyo fin es fomentar el desarrollo deportivo del país, es el instrumento más relevante en esta materia.

A pesar que existe evidencia internacional en el reconocimiento del deporte como un derecho (declaraciones en la ONU, UNESCO y Consejo de Europa, como también Constituciones de países europeos como España, Portugal y Grecia, como así también en Latinoamérica con Cuba, Nicaragua, Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, República Dominicana y México), en Chile la discusión no ha sido prolífica.

El hecho de que en otros países exista un reconocimiento del deporte como un derecho fundamental, no implica que Chile deba hacer lo mismo, pues ese carácter mimético sin mayor análisis también ha dañado las bases del deporte. Ejemplo claro de esto, es la ley 20.019 de Sociedades Anónimas Deportivas y Profesionales, que ha truncado el desarrollo de proyectos deportivos vinculados al fútbol y entregado en forma exacerbada el desarrollo del mismo a las empresas privadas. Otras leyes relevantes en esta materia dejan en claro la intromisión privada: ley 19.327 sobre los Derechos y Deberes de los Asistentes y de los Organizadores de Espectáculos de Fútbol Profesional o la ley 20.178 acerca de la Relación Laboral de los Deportistas Profesionales y Trabajadores que desempeñan actividades conexas.

En el año 2013, se publicó la ley Nº 20.686, la cual creó el Ministerio del Deporte, propiciando una Política Nacional de Actividad Física y Deporte 2016 – 2025, buscando articular y desarrollar el sistema nacional de actividad física y deporte, permitiendo coordinar los distintos niveles territoriales de participación nacional, regional y local.

Plantear el desarrollo del deporte en un espacio de tiempo considerable, que implique la articulación territorial no es suficiente, principalmente porque no se están considerando los diferentes actores que configuran este espacio, ni se están leyendo los contextos en los cuales este intenta desarrollarse. Por eso se busca el reconocimiento del deporte como un derecho fundamental, pues esto le da un carácter político que faculta en forma moral e inviolable su práctica.

Adicionalmente, el Estado se vería en la obligación de divulgar, garantizar y reglamentar el desarrollo deportivo, restando incidencia privada en la articulación y reglamentación del espacio, evitando además que el Estado descanse en el alcance que los Municipios tengan en esta materia, vinculados a sus propios planes de desarrollo como lo expresa la Constitución de 1980. La vinculación del deporte con otros derechos como la salud, libertad de asociación y educación, lo llevan a un plano protagónico que clama por una profesionalización de las formas establecidas para su desarrollo.

Por otra parte, la discusión tampoco se vincula sólo a los fondos con los cuales el deporte pueda contar. El presupuesto 2020 presentado antes de la pandemia, consideraba una variación positiva en un 9.5% en los fondos destinados al deporte, con un total de 148.749.121 pesos. La pregunta está en cuánto de ese presupuesto inside en la profesionalización de los espacios de desarrollo, fomenta la creación y mantención de proyectos deportivos y sienta las bases para el desarrollo de carreras deportivas que impliquen la real transformación de los espacios en los cuales se configura.

El deporte no puede ser un bien privado. La transformación del deporte a las lógicas del mercado se dio justamente en los tiempos en que se redactó la Constitución de 1980, primando la visión mercantil por sobre los derechos, a la usanza de los postulados económicos de los “Chicago Boys”. Por ende, la opción de establecer el deporte como un derecho, no se configura en torno a reformas, se configura desde el aprobar un cambio en el modelo que sustenta su pertenencia al vínculo político y social.