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El informe registra 212 activistas asesinados. Esto es, más de cuatro ambientalistas asesinados por semana. Esta cifra corresponde a la más alta observada desde el 2012. El documento relata que además un número mucho mayor de personas fueron atacadas, amenazadas, encarceladas o enfrentaron campañas de desprestigio debido a su trabajo como defensores ambientales.

Este comienza reconociendo el papel de defensoras y defensores ambientales en la construcción de un futuro sostenible, especialmente enfrentando la crisis climática, uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad. El documento recuerda los nombres de las y los activistas asesinados durante el 2019. Este reconocimiento no es nimio, ya que el propio informe indica que las campañas de criminalización y difamación contra activistas pueden exponer a las comunidades a una mayor vulnerabilidad frente a los ataques. Por lo tanto, pasar de una sociedad que estigmatice la defensa ambiental a una que enaltezca su trabajo como un aporte clave para enfrentar la crisis climática, es un paso crucial para dar un entorno seguro a las y los activistas.

Del total de asesinatos registrados por Global Witness, un 70% ocurrió en Latinoamérica, que, como cada año, se posiciona como la zona más peligrosa para la defensa ambiental. De hecho, de los cinco países con más asesinatos per cápita, cuatro son de América Latina: Honduras, Colombia, Nicaragua y Guatemala.

Afortunadamente el informe del 2019 no registra asesinatos a defensores ambientales en Chile. Sin embargo, para el 2018 Global Witness reconoció dos casos en el país. Además de esos hechos, aún se encuentra pendiente el esclarecimiento de la muerte de la defensora ambiental Macarena Valdés. Más allá de los números, la realidad en Chile es preocupante, pues la criminalización, el hostigamiento y las amenazas de muerte suceden diariamente, en un país con una de las tasas más altas de conflictos socio-ambientales identificados -117 conflictos registrados en el Mapa de Conflictos Socio Ambientales del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y 5° en conflictos per cápita según el Atlas de Justicia Ambiental-. Este escenario de vulnerabilidad se incrementa debido a la difamación que hacen autoridades y altos ejecutivos de empresas respecto de las y los defensores ambientales.

Magallanes no está ajeno a esta realidad. En la región hay activistas ambientales amenazados de muerte y campañas de desprestigio en su contra, apoyadas incluso por autoridades locales. Algunos ejemplos de la estigmatización son las afirmaciones emitidas por un Consejero Regional que indicó que para oponerse a un proyecto de inversión hay que “ser un magallánico muy mal nacido”; o la afirmación del entonces Vicepresidente de Corfo que señaló que las propuestas de ambientalistas no deben ser consideras en la discusión por ser “visiones más fundamentalistas” y porque “le generarían un grandísimo daño al desarrollo de la región”; o bien, la aseveración de otro Consejero Regional que indicó que los activistas ambientales son “anti patrióticos”. Tres ejemplos de un largo listado de epítetos que no tienen su contraparte desde el Estado y que ignoran el aporte de las y los defensores ambientales en la construcción de un futuro sostenible, como se reconoce internacionalmente.

A la fecha, el Estado de Chile no tiene ninguna herramienta para dar un entorno seguro a las y los defensores ambientales, ni ha hecho esfuerzos para reconocer y promover sus derechos. Es decir, mantiene una deuda con la ciudadanía, el medio ambiente y los derechos humanos. Una oportunidad para hacerle frente a esta preocupante realidad nacional y latinoamericana es el Acuerdo de Escazú, un tratado que busca garantizar el acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales, así como el resguardo de las y los activistas ambientales en América Latina y el Caribe. Este acuerdo busca garantizar medidas para reconocer y promover los derechos de las y los defensores ambientales, como el derecho a la vida, la integridad personal y la libertad de expresión.

En un escenario como el actual, tomar las medidas oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que reciban activistas ambientales a través de la firma del Acuerdo de Escazú sería un gesto de solidaridad y responsabilidad respecto de lo que ocurre en Latinoamérica, y podría cambiar la vida de cientos de personas a lo largo de Chile, fortaleciendo la protección de los derechos humanos, la democracia ambiental  y, por lo tanto, construyendo un país más justo y sostenible.

El informe está disponible en https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defending-tomorrow/ [12])