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Es que no hay confianza posible cuando constatamos que el primer anuncio de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), implicaba una cobertura de 1.780.000 hogares ubicados dentro del 60% de mayor vulnerabilidad y al contrastar con la realidad podemos verificar que en el primer aporte correspondiente a mayo y pagado en junio esta medida solo alcanzó a 1.149.888 hogares, de ese total 1.120.000 hogares corresponden al 40% de vulnerabilidad. 

Mientras tanto la tasa de desocupación sigue creciendo, de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicadas a fines del mes de junio, esta alcanzó el 11,2%, la más alta desde el 2010, registrando un incremento de 4 puntos porcentuales en doce meses. Este solo dato nos indica no solamente la fragilidad laboral de miles y miles de trabajadores y trabajadoras, sino también el difícil panorama que hoy enfrentan las familias que habitan el territorio nacional.

El escenario es desolador, pues el paquete de medidas económicas anunciadas por el Gobierno, desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad, ha sido a modo de goteras, no garantizando a la ciudadanía la satisfacción de necesidades básicas.

La población con mayor grado de vulnerabilidad ha visto incrementados sus requerimientos de supervivencia; las clases o sectores medios, siempre al borde y con las deudas al cuello, producto del endeudamiento con la banca privada gravitan en espacios múltiples solicitando apoyo sin respuesta del Estado, mientras el acoso comercial no cede.

Producto de lo anterior el tejido social funciona y responde solidariamente ante el hambre, las ollas comunes se toman diversas zonas del país, ante un Estado ausente y un Gobierno que se ha dedicado a repartir cajas de mercadería con una logística territorial en principio fallida, pues nuevamente y sin variación renegaron del apoyo de los alcaldes, principalmente de oposición, intentando reducir el protagonismo de los gobiernos locales, recurriendo a ellos en los últimos 100 metros.

En este sentido la primera premisa es reconocer que los alcaldes son la puerta de entrada para las demandas ciudadanas en situaciones críticas como la que actualmente enfrentamos, pues estas autoridades son las que mejor conocen sus territorios, oportunidades y riesgos.

Esperamos que el anuncio de entrega de 3.000.000 nuevas cajas, logre la eficacia que todos esperamos y la agilidad que esta crisis nos pone como desafío, pues la ciudadanía no puede seguir esperando.

Es por estos motivos que cuando el Ejecutivo crítica y califica de irresponsables a los Diputados y Diputadas que votaron a favor del retiro de fondos de las AFP, resulta incomprensible. La realidad nos demuestra que en la votación primó el interés común por sobre los intereses económicos de unos pocos. Si es o no la medida más adecuada, lo cierto es que no había salida, pues el hambre de las familias y la angustia de los sectores medios no puede seguir esperando.

La política económica tiene que necesariamente generar las condiciones materiales para que la población pueda vivir razonablemente bien y es el Estado quien debe retomar la capacidad de conducir el proceso de manera eficaz, ese es el desafío hoy y que seguramente tendremos en los meses y años venideros.