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En un fallo unánime, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, determinó rechazar el recurso de apelación que fue presentado por la defensa de las familias afectadas de Quintero-Puchuncaví, para los ejecutivos de Enap, que fueron acusados de delitos medioambientales. 

En el fallo se argumenta que, "la prisión preventiva es una medida cautelar de carácter excepcional que consiste en la privación temporal de la libertad ambulatoria de una persona mediante su ingreso a un centro penitenciario durante la sustentación de un proceso penal con el objeto de asegurar los fines del procedimiento, medida que en nuestro ordenamiento jurídico exige la concurrencia de los requisitos de las letras a), b) y c) del artículo del Código Procesal Penal".

Añadiendo que, "en la especie –continúa–, del cúmulo de antecedentes acopiados en esta investigación, a que se ha hecho alusión por todos los intervinientes, esta Corte estima que la necesidad de cautela se satisface, por ahora, con las medidas decretadas por el tribunal a quo, ya que la prisión preventiva, es una medida cautelar de ultimo ratio y en este caso específico resulta ser desproporcionada (…)".

Estos ejecutivos son acusados de los delitos de propagación de sustancias peligrosas para la salud vegetal o animal, ilícito que se habría perpretado en agosto del 2018, en Talcahuano y Quintero-Puchuncaví.

Los ejecutivos son acusados de ser los autores del delito de propagación de sustancias peligrosas para la salud animal o vegetal. Ilícito que habrían perpetrado en agosto del año pasado, en Talcahuano y Quintero-Puchuncaví.