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La decisión tomada este martes por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago de declararse incompetente para conocer la causa de la colusión de las papeleras, y remitir los antecedentes al Juzgado de Letras de Colina –que se rige por el sistema procesal antiguo- para que se haga cargo de la investigación, ha generado preocupación por las implicancias que esto tendría para el desarrollo del caso, toda vez que fue la defensa de Gabriel Ruiz-Tagle (ex dueño de PISA) quien solicitó el traslado.

Entre otras inquietudes que se han manifestado algunas tienen que ver con los tiempos que se pudiera demorar la investigación, las condenas a las que se verían afectados los imputados, así como la posibilidad de que la causa pueda ser sobreseída o prescrita.

El profesor del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Jaime Winter, sostuvo que el sistema antiguo “es mucho más lento” lo que, eventualmente, permite que se diluyan las posibilidades de condenar a los imputados, y grafica con el aforismo que reza que “el tiempo obra en favor del imputado”. No obstante las garantías a los involucrados no son tan claras como en el sistema actual, lo que, a juicio del jurista, podría jugarles en contra.

“De todas maneras, el juego de la defensa es ese: ir a un proceso más lento, que seguramente va a implicar que se vaya diluyendo en el tiempo, que las personas no se van a ver expuestas a la figuración pública que tienen las audiencias orales en el proceso actual, sino que todo se hace por escrito. Esas son, creo, las principales ventajas a las que están apuntando”.

Sobre la posibilidad de que se nombre un ministro en visita que se aboque a investigar este caso, si bien el profesor Winter destaca que puede representar garantías de que la causa avance y “asegurarse que haya alguien encima”, en términos prácticos sigue siendo el proceso antiguo “en donde prima el secreto, no hay audiencias, no hay publicidad, no se concurre, como sucede ahora, frente a un juez de garantía donde uno puede ver lo que está pasando”.

El académico de la Universidad de Chile, recordando lo sucedido en el Caso Farmacias, planteó que la defensa puede buscar, desde el punto de vista comunicacional, evitar la exposición en la opinión pública de los involucrados, así como una eventual condena social frente a la posibilidad de que, al igual que en el proceso contra las farmacéuticas, se termine dictando una condena sustitutiva que deba ser cumplida en libertad, que es el escenario más probable indica el profesor Jaime Winter.

“Eso genera cierto grado de frustración en el público, cierto descontento con la gente relacionada con las farmacias, y es posible que en este proceso ahora de la colusión del papel tissue pasara algo similar. Con este sistema más secreto, más oscuro, que toma más tiempo, posiblemente, no es que no vaya pasar, pero posiblemente esto se va a diluir”.

Por su parte, Cristián Riego, profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad Diego Portales, hizo énfasis, en primer término, en que esta situación no está consolidada y cabe la posibilidad de que se apele a la resolución porque “probablemente los fiscales quieran quedarse con este caso”.

En tanto, la otra opción, señala Riego, es que de quedarse este caso en el sistema procesal antiguo, se podría nombrar a un ministro en visita, lo que “desde el punto de vista de los imputados es más complicado”, ya que el sistema antiguo cuenta con menos recursos, por ende si un juez se hiciera cargo de la causa, su tramitación sería mucho más lenta.

Pero, a juicio del jurista, “ese juez, al mismo tiempo, tiene mucho más poder. Puede decretar la prisión preventiva, puede, incluso, declarar la incomunicación. No tiene, prácticamente, ninguna obligación de darle mayor espacio a la defensa. En definitiva, tiene mucho más poder que un fiscal”, por lo que tiene un lado positivo para el imputado, y otro negativo, que es la posibilidad de que se nombre a un ministro en visita, que es lo más probable que ocurra, si es que se decide que sea la justicia antigua quien vea el caso, indicó Riego.

“Un ministro en visita que está dedicado solamente a investigar este caso, y que tendría los mismos recursos equivalentes a un fiscal, yo preferiría enfrentar a un fiscal, porque siempre por el fiscal yo puedo reclamarle al tribunal de garantía, en cambio con el ministro en visita no hay tribunal de garantía. Es el mismo ministro en visita quien cumple esa función, entonces el ministro en visita puede hacer lo que quiera. Puede llamar a los imputados y dejarlos en prisión preventiva, y no tiene que darle explicaciones a nadie. Entonces, no la veo como una movida muy buena”.

En cuanto a los tiempos que se podrían tomar los tribunales del sistema antiguo para dictar sentencia en este caso, el académico de la UDP sostuvo que al no existir las salidas alternativas, como el procedimiento abreviado, es posible que se ralenticen. No obstante, acota Riego, estos tribunales son mucho más dados a la prisión preventiva, por lo tanto “la gente esperaba muchas veces en prisión la decisión final”, por lo que insistió en que no ve “tan positivo” el análisis de los abogados defensores.

Finalmente, con respecto a la posibilidad de que el caso pudiera ser prescrito por los tribunales, ambos juristas plantearon que es poco probable que esto suceda ya que esta medida se toma a partir del período en que se dejó de cometer el delito, por lo tanto si la colusión se verificó hasta el 2011, no habría espacio para decretarla. Asimismo, aseguraron que las penas que se les podrían adjudicar a los imputados no varían entre un sistema procesal y otro.

Justicia peruana abre investigación por colusión entre filial de CMPC y Kimberly Clark

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Producción de la Propiedad Intelectual de Perú (Indecopi), abrió un proceso administrativo por el presunto acuerdo para fijar precios y cuotas de mercado del papel higiénico y tisú, en contra de Protisa, filial de CMPC en ese país, y Kimberly Clark Perú.

El caso se dio a conocer luego que Protisa se acogiera al Programa de Clemencia, símil de la delación compensada de nuestro país, y decidiera colaborar en esta investigación.

“Los acuerdos habrían sido alcanzados a través de reuniones en hoteles y conversaciones telefónicas para incrementar los precios de los productos, así como para modificar coordinadamente descuentos y promociones aplicables, en el territorio nacional, entre los años 2005 y 2014″, señalaron desde Indecopi.

Las conductas que fueron denunciadas habría tenido lugar entre 2005 y 2014, indicó CMPC mediante un hecho esencial enviado a la SVS, en el cual asegura que la empresa “rechaza enérgicamente las conductas objeto de la imputación de cargos, reiterando su compromiso permanente de cumplir y velar para que, cada uno de sus funcionarios, den cumplimiento irrestricto a las exigencias que demandan los valores y principios que sustentan esta empresa y a la legislación y normativa de libre competencia que rige a CMPC. Asimismo ratifica su decisión de continuar perfeccionando permanentemente en cada una de sus filiales sus sistemas de control interno, lo cual se ha materializado en el tiempo a través de un trabajo continuo”.