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En el nivel Parvulario, el ajuste en las metas de cobertura (para entregar más cupos a jardines infantiles reduciendo los comprometidos para salas cunas) responde a una demanda importante compartida por distintos actores relacionados. Agradecemos que se haya tomado en cuenta estas voces, así como la preocupación mostrada por la calidad, sin embargo, faltaron compromisos concretos sobre este último punto. La formación y condiciones de trabajo de los y las educadoras de párvulo siguen siendo desafíos pendientes. En este sentido, necesitamos de unas 15 mil nuevas profesionales para poder cumplir con mejores estándares de calidad, reduciendo a la mitad la cantidad de niños y niñas a cargo de cada educador/a.

En materia de Educación Pública, se anunció un aumento en los recursos para gestión, infraestructura y tecnología en los colegios públicos. Al respecto, más allá de la necesidad de contar con esta inyección de recursos, el fortalecimiento inmediato de la Educación Pública exige una acción más decidida y coordinada entre el Gobierno, sostenedores y escuelas, que considere las capacidades, características y opinión de las comunidades educativas de estas últimas.

Para asumir estos desafíos es necesario construir una nueva institucionalidad que termine con la municipalización. Por eso consideramos que es importante el compromiso adoptado en cuanto a presentar este año el Proyecto de Nueva Institucionalidad para la Educación Pública se cumpla a la brevedad.

En cuanto a la vergonzosa segregación de nuestra educación, la aprobación de la Ley de Inclusión es un tremendo paso para terminar con el actual modelo de mercado educativo. El desafío pendiente ahora es modificar el modelo de financiamiento, terminando con la subvención por asistencia a fin de asegurar recursos estables para los gastos permanentes de las escuelas. Esta es una reforma fundamental para terminar con la competencia entre colegios.

Sobre las y los profesores, se reconoce la diferencia de visiones respecto de los ámbitos que aborda la nueva Política Nacional Docente y se señala que se seguirá dialogando en torno a ello. Es importante que este diálogo impacte positivamente en el Proyecto de Ley, mejorando las remuneraciones en los primeros años, asegurando espacios de formación en servicio acorde a las necesidades del profesorado, generando estrategias de apropiación curricular y, sobre todo, fomentando una innovación pedagógica radical.

En esta línea, es fundamental que el proyecto incorpore a la brevedad al nivel parvulario, además de comprometer mejoras en la Carrera Directiva, clave para sustentar los cambios que se proponen para el desarrollo de las y los docentes. Sobre este punto es necesario acelerar los concursos para la selección de directores.

En Educación Superior se anunció la ampliación de programa PACE hasta llegar a todos los colegios del país, se comprometió gratuidad efectiva para el 60% más vulnerable, focalizando inicialmente en CFT e IP acreditados y universidades del CRUCH, y se reafirmó el compromiso de enviar el segundo semestre de este año el proyecto de reforma al sector.

Sobre gratuidad, reafirmando que las prioridades deben apuntar a los primeros niveles y sectores más vulnerables, valoramos que se incorpore al área TP en la medida, pero cuestionamos que sea la pertenencia al CRUCH el criterio que prime en las Universidades. Al respecto, nos parece más relevante entregar recursos a instituciones acreditadas por una mayor cantidad de años y que cuenten con una proporción importante de estudiantes de los primeros quintiles. Es fundamental asegurar calidad antes de entregar más recursos a un sistema marcado por una desregulación profunda, en donde más del 70% de los programas no cuentan con acreditación y muchas instituciones forman a profesionales que egresan sin entender lo que leen.

Finalmente, lamentamos que nuevamente la Educación Técnica haya ocupado un espacio secundario. La ETP no aguanta más rechazo ni discriminación, y por ello necesitamos más que nunca un Plan Nacional que responda a las necesidades de más miles de estudiantes y sus familias, que representan al 40% de la matrícula en el nivel escolar y superior.

Por último, valoramos los 16 mil millones de pesos destinados a Plan de fomento de Lectura e iniciativas de otras áreas (salud, deporte) vinculadas a la Educación Pública. Esperamos que estas se articulen con docentes y con las planificaciones curriculares, siendo los directivos escolares quienes lideren dichas instancias en cada escuela, conforme a las necesidades de su comunidad.