Uno de los más serios inconvenientes de la competencia electoral es la realidad de la demagogia y cohecho para conseguir el voto ciudadano. Candidatos que se prodigan en promesas que no tienen en menor propósito de implementar si resultan elegidos o que, a ciencia cierta, saben que no podrán realizar. En nuestra precaria institucionalidad carecemos de los mecanismos por los cuales exigir que las ofertas sean cumplidas por los gobiernos, parlamentarios, alcaldes y otros. Menos todavía se hace posible revocar sus mandatos si se comprueba en ellos decisiones que contraríen francamente lo prometido durante las campañas electorales.

En este sentido, las falsas promesas de los “representantes del pueblo” están favorecidas por la más completa impunidad. Es más: éstos logran reelegirse una y otra vez ,especialmente si son capaces de armarse de una sólida “caja electoral” para imponerse como candidatos al interior de sus partidos y financiar, posteriormente, sus propias campañas. Después de 24 años de posdictadura, recién se discute en el Parlamento la posibilidad de limitar a dos o tres períodos la reelección en un mismo cargo público. Es indudable que, por más que se nos asegure que el ciudadano tiene la posibilidad de castigar electoralmente a quienes incumplen o cometen disparates,  en la práctica el sistema electoral sigue contribuyendo a restringir la política a tan solo a unas cuantas familias y caudillos. En la presente contienda, hay quienes se postulan por quinta, sexta o séptima vez, y los “ingenieros electorales” calculan que más de un 60 o 70 por ciento de ellos resultara reelecto como parlamentario, pese a que nuestro Poder Legislativo, según las encuestas, está en el último peldaño del prestigio público. El bullado proceso de primarias para elegir a los postulantes al Parlamento, apenas comprometió a un puñado de distritos, con lo cual los mismos de siempre lograron imponerse como candidatos aun cuando las bases de sus partidos los repudiaran públicamente.

Es curioso, pero han vuelto a involucrarse en el actual proceso una serie de los candidatos pobres o sin aparato electoral, que dedican buena parte de su tiempo a demostrar la inconsistencia democrática de nuestra Constitución y Ley Electoral. Aunque ya se lamentan por los enormes recursos publicitarios de los postulantes solventes que generalmente integran el llamado “duopolio político”. Los que, además de saturar al país con publicidad callejera y por los medios de comunicación, ofrecen toda suerte de dádivas en sus “puerta a puerta”. Al grado de cancelarle a  los electores afligidos sus cuentas de agua, luz y gas a fin de capturar su voto.

En este sentido, realmente los más hábiles y pragmáticos fueron los que se aseguraron cupos parlamentarios en estos dos grandes referentes, a cambio de apoyar a sus respectivas abanderadas presidenciales en primera o segunda vuelta. Sin embargo, estos inminentes derrotados saben que no todo será tristeza para ellos al momento de los cómputos, si es que logran reunir un número no tan discreto de sufragios que les permita obtener del Estado esos quinientos y tantos pesos por cada preferencia marcada a su favor. De forma tal que, si no se han desmedido en el gasto electoral, podrán pagar sus deudas y hasta solventar sus actividades políticas durante el tiempo de las “vacas flacas”. Las que muchas veces se limitan, nada más que a mantener a buen recaudo el timbre y campañilla de sus denominaciones de fantasía.

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