Hoy se conmemoran 7 años del 27F en Chile. Probablemente al preguntar la imagen que marcó a la mayoría de los penquistas durante el terremoto del 27 de febrero de 2010, y que la mayoría recordará, es el estado en el que quedó el edificio Alto Río, un gigante de concreto derrumbado hasta los cimientos, como atravesado por un rayo.

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Los habitantes del Biobío se enfrentaron no sólo al movimiento telúrico de 8,8 grados Richter, sino que además las localidades costeras tuvieron que lidiar con un maremoto que dejó a cientos de familias sin hogar.

A 7 años de este desastre natural, aún hay vestigios de lo ocurrido en todo lugar, pero no solamente en lo material, sino que todavía existen familias sin respuestas a sus demandas por soluciones habitacionales, como también una falta de cultura preventiva que preocupa a organizaciones y expertos.

Mónica Molina fue quien sacó la voz por los residentes que perdieron todo al ceder el edificio alto Río, lo que posteriormente le abrió las puertas para abrir una fundación con el mismo nombre, la que vela por la pronta respuesta del estado para quienes han perdido todo en catástrofes naturales, además de trabajar en torno a las respuestas de los gobiernos en este tipo de emergencias.

La corte suprema terminó el proceso judicial contra la constructora del edificio Alto río hace sólo 2 años, fallando a favor de los vecinos afectados. Pero conseguir indemnizaciones y una justa condena para los implicados no fue tarea fácil, aseguró Molina al diario El Sur.

Según la vocera, la empresa liberó supuestamente todos sus bienes para reponer las pérdidas materiales de las víctimas, pero aún así, esto no era suficiente para quienes tuvieron que comenzar su vida desde cero. Es por esto que para ellos el proceso sigue abierto, a pesar de que la fiscalía ya cerró la investigación.

Hoy, la fundación Alto Río trabaja en torno a la prevención y a los aprendizajes del 27F, por lo que aseguran que si bien hay un avance sustancial en cómo responde el estado a las familias, aún falta trabajar por un sistema de alerta y preemergencia que arregle los problemas estructurales de nuestro país en materia de catástrofes.

Mónica Molina sigue trabajando junto a varios municipios en torno a proyectos de gestión de riesgo, valorando las intenciones de varios alcaldes por mejorar en este sentido. Pero aún así siente que el gobierno está lejano a comenzar una discusión real, a pesar de que durante el 2014 se ingresó una ley que busca avanzar en esto.