El Sernac inició una fiscalización a nivel nacional con el objetivo de verificar algunas prácticas que estarían afectando a los consumidores respecto al costo del examen para detectar el COVID-19. 

La investigación se inició luego de analizar los reclamos que indican que diversos centros médicos están incurriendo en prácticas contrarias a lo establecido en la Circular de la Superintendencia de Salud y de la Ley del Consumidor, especialmente respecto de la venta atada de otros exámenes o prestaciones. 

Dicha circular instruye a los prestadores a que, cuando el paciente llega con una orden externa para realizarse el examen para detectar el COVID-19, denominado Reacción de Polimerasa en Cadena (PCR), deben hacerlo; y no obligarlo a una nueva consulta con los médicos del centro. 

No obstante, en los reclamos recibidos se ha detectado que el laboratorio exige a la persona una orden médica de un profesional del mismo hospital o centro médico al que pertenece el laboratorio, pese a que la orden de cualquier médico debería servir, con independencia del recinto en el cual se desempeñe.

Además, pese a que el usuario va a practicarse solamente el examen de detección del COVID-19, el laboratorio, hospital o centro médico le exige como requisito practicarse otros exámenes o pagar por otros servicios o costos de insumos médicos. Es decir, los centros de salud encarecen artificialmente el costo básico del examen, “amarrando”, condicionando o atándolo a otros productos o servicios de manera innecesaria.

Hay que recordar que el precio del PCR fue fijado por la autoridad de salud en un valor monto máximo de $25.000. No obstante, con este tipo de prácticas, los consumidores indican que terminan pagando más de 80 mil pesos en algunos casos.

Por su parte, vale la pena recordar que existe una ley especial para el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe que establece estándares más altos en este período, la que prohíbe expresamente determinadas conductas, como el que ciertas empresas condicionen la venta de ciertos bienes “a la adquisición de otras mercaderías”; lo mismo respecto del que comercialice “bienes destinados a ser distribuidos gratuitamente” o la venta de “artículos alimenticios adulterados o en condiciones nocivas para la salud”

"Las ventas atadas son peores en este caso porque se trata de un examen donde está en juego la salud de las personas y la intención de la autoridad al fijar un precio, es que éste se respetara", señaló Lucas Del Villar Director Nacional del SERNAC

Desde el 1 de marzo hasta el 31 de julio de 2020, el SERNAC recibió alrededor de 200 reclamos relacionados a la realización del examen PCR. La mayor parte de los casos fue por retardo en la entrega de los resultados (66%); seguido por cobros superiores debido a la inclusión de otras prestaciones (18%); en tercer lugar, los reclamos apuntan a la exigencia de una orden de un médico del mismo centro médico (5%).

Imagen: Huawei / Agencia Uno