Durante esta última semana, y luego de unas declaraciones emitidas por la presidenta de la FECH Melissa Sepúlveda y de la FEUC Naschla Aburman en Radio Duna, se ha generado una gran discusión nacional sobre sobre que universidades podrían recibir fondos del estado y cuáles no, en el marco de la “gratuidad a la educación” que se espera poder concretar durante el gobierno de Michelle Bachelet.

La discusión surge ante los dichos de ambas dirigentes que coincidieron en que las universidades privadas, y en particular refiriéndose a  la Universidad Católica, no debiesen recibir fondos del Estado. Al respecto la presidenta de la FECH señalo “es una universidad privada, con un proyecto educativo específico, que no tiene libertad de cátedra. Por lo tanto, uno ahí se cuestiona: ¿por qué el Estado debiese entregar recursos a instituciones que son proyectos privados y que  no necesariamente van a beneficiar a la gran mayoría del país?”

Al respecto, consultado sobre su posición, Boris Negrete (22), dirigente estudiantil de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), señalo estar en desacuerdo. “El criterio a evaluar no debiese ser en torno a lo Estatal versus lo Privado, ese es un error, el criterio tiene que ser si realmente la universidad tiene una misión hacia lo público, y eso se refiere a la investigación, a su búsqueda para dar respuesta a los problemas sociales,  a la inclusión y equidad dentro de esta, como es capaz de ser un espacio abierto a la comunidad y cumplir estándares establecidos por el Estado para asegurarse que realmente cumplen una función pública”.

“obviamente se tiene que hacer un análisis riguroso de las distintas instituciones, porque no se podría entregar fondos públicos a universidades privadas como la Universidad de las Américas o la Pedro de Valdivia donde además de no haber podido lograr la acreditación, y a todas luces no cumplir un rol público, se suma los cuestionamientos por el lucro, y en el fondo el negocio que hay detrás de estas universidades”.