En un hecho jurídico inédito en la Región del Bío Bío, la Fiscalía de Chillán formalizó investigación en contra de una empresa, en el marco de la ley 20.393, debido al incumplimiento en los deberes de dirección y supervisión para prevenir la comisión de delitos de soborno y fraude al fisco, que enfrentan Carlo Maggi Fernández y Sergio Schmith Hernández, representante legal y administrador, respectivamente, de Áridos Maggi Ltda.

La investigación dirigida por la fiscal Patricia Suazo comenzó el año pasado, luego que la dirección regional de Vialidad denunciara irregularidades detectadas en la ejecución de un contrato entre dicho organismo público y la citada empresa, para el suministro de material chancado destinado a la construcción del camino Longitudinal – Los Tilos – Cruce Nº 59, de la comuna de Bulnes.

En el marco de esta indagatoria, la Fiscalía levantó cargos en febrero pasado a dos funcionarios de Vialidad, identificados como Roberto Valdenegro Chandía y Ricardo Eadez Delgado, el primero de ellos por cohecho y el segundo por cohecho y fraude al fisco. Paralelamente, el Ministerio Público imputó a los ya mencionados Carlo Maggi y Sergio Schmith, por soborno y defraudación al fisco.

Durante la jornada de hoy, y en una arista relacionada con la misma causa, la fiscal Patricio Suazo formalizó a Áridos Maggi Ltda, de acuerdo a lo contemplado en la ley 20.393, vigente en Chile desde 2009, y que establece la responsabilidad penal de personas jurídicas en los delitos de cohecho, financiamiento al terrorismo y lavado de activos.

De esta forma, hoy comparecieron al Juzgado de Garantía de Chillán los representantes legales de la empresa, Ernesto Maggi Pizarro y Carlo Maggi Fernández, quienes fueron informados por el Ministerio Público que se investiga a Áridos Maggi Ltda por no adoptar medidas para prevenir la comisión de delitos de soborno.

“Las sanciones a que se expone una persona jurídica en caso de ser condenada, van desde multas, prohibiciones de establecer contratos, pérdida de beneficios fiscales e incluso la cancelación de la personalidad jurídica”, explicó la fiscal Suazo.

Este caso es el segundo en el país en que la Fiscalía formaliza a una persona jurídica. La primera ocasión fue en el contexto de la indagatoria por delitos de corrupción pública que involucraban a funcionarios de la Municipalidad de Arica.

Los ilícitos

Áridos Maggi Ltda. se había adjudicado el suministro de 6 mil metros cúbicos de material chancado para una obra en un camino de Bulnes, encargada por Vialidad, y recibió por este producto el pago de 28 millones 452 mil 900 pesos.

En el contexto de ejecución del proyecto y, según lo establecido por la Fiscalía, Sergio Schmith le ofreció al inspector en terreno de Vialidad, Ricardo Eadez, el pago de 6 millones 3 mil pesos para que no informara que las cantidades de material chancado que se recibían eran menores a las que aparecían en las guías de despacho.

El Ministerio Público sostiene que el funcionario público aceptó el soborno, lo que se tradujo también en que, en vez de recepcionar efectivamente 6 mil metros cúbicos, se recibieran en terreno sólo 3 mil 365 metros cúbicos, causando un perjuicio de 12 millones 495 mil 565 pesos para la Dirección de Vialidad.

Asimismo, la Fiscalía señala que Ricardo Eadez solicitó a Sergio Schmith la suma de 300 mil pesos para entregarlos al laboratorista de Vialidad en la provincia de Ñuble, Roberto Valdenegro, para entregar prontamente un informe con conclusiones favorables para la empresa Áridos Maggi Ltda.

Todos estos antecedentes, que involucran a Carlo Maggi, Sergio Schmith, Ricardo Eadez y Roberto Valdenegro, fueron expuestos por la Fiscalía en febrero último, cuando les formalizó investigación en el Juzgado de Garantía.

Fuente: www.fiscaliadechile.cl