Presentan recurso contra vocero Chadwick por monitoreo a la ciudadanía

20 Julio 2011
Distintas organizaciones sociales presentaron un recurso de protección contra el ministro entrante, Andrés Chadwick, por la creación de la llamada “plataforma de seguimiento de personalidades y conceptos en internet”, anunciada hace un tiempo atrás por el Gobierno.
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Continúa la controversia por los anuncios del Gobierno de monitorear a la ciudadanía a través de las redes sociales y la causa presentada por organizaciones de derechos humanos y medios de prensa recae sobre el ministro entrante, Andrés Chadwick, como continuador de la política de estado que dio a conocer el gobierno, y que incluso ratificó a través de su ex vocera, Ena Von Baer.

El abogado de derechos humanos, Luis Cortés, afirmó que con esta medida se violan derechos básicos como la libertad de expresión, de conciencia y de organización.

“No se ha consultado si la ciudadanía quiere que sus opiniones sean investigadas. No estamos hablando de un tribunal, sino del Estado que está conculcando la libertad de expresión, es una violación a los derechos humanos, las garantías constitucionales incluso reconocidas en los pactos internacionales, específicamente el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde se establece claramente que el Estado no puede intervenir en la vida privada, ni en las opiniones, ni en la libertad de prensa, ni en la libertad de expresión, ni en la manera como intenta hacerlo el gobierno de Piñera”, explicó el abogado.

En este sentido, la encargada de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), María Eugenia Puelma, cuestionó los fines de este monitoreo cuando hoy el mundo social está sumamente activo, desarrollando una serie de movilizaciones para expresar ampliamente en las calles su descontento.

La dirigenta indicó que esta acción es completamente ilegal, toda vez que se pueden generar documentos para mantener identificados a los dirigentes sociales y líderes de opinión opositores al gobierno y las feroces consecuencias que esto podría tener.

“Creemos que este monitoreo es absolutamente ilegal, irregular. Hemos tenido a miles de ciudadanos en las calles, que se han comunicado por la vía de las redes sociales, que generan opinión y los estamos monitoreando con qué objetivo, perseguirlo, tener un catastro, para actuar en contra de ellos. Cuál es el objetivo de esto, porque si el objetivo es conocer la opinión, basta con escuchar a las organizaciones y darse cuenta cuál es la opinión, pero aquí hay detrás una política de generar un catastro, documentos, tener identificadas a las personas, y eso es altamente preocupante”, enfatizó Puelma.

Con esto coincidió la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile, Alicia Lira, quien indicó que no podemos permitir que en un país, marcado por la presencia de organizaciones como fueron la DINA y la CNI, se vuelva a este tipo de acciones, completamente contrarias a la democracia.

La dirigenta hizo un llamado a la ciudadanía a impedir que se contrate una empresa externa para estos fines, la que además se pagaría con recursos provenientes de los impuestos de todos los chilenos, una situación que catalogó de “completamente inadmisible”.

Por su parte, el director del diario electrónico Crónica Digital, periodista Iván Gutiérrez, se refirió a las consecuencias de invadir un terreno tan relevante en la actualidad como es Internet y las redes sociales.

“Internet es un espacio que hoy es catalogado por todos en el mundo como el espacio más democrático, donde los ciudadanos del mundo pueden intercambiar y opinar sobre distintos quehaceres, sean privados o públicos. El ciudadano también es periodista, también investiga, también opina y ese tipo de acciones hace una sociedad más democrática, más participativa. El Gobierno en lugar de permitir y ampliar la participación ciudadana, lo que está haciendo es atentatorio”, subrayó el periodista.

Por todas estas acciones presentaron también una orden de no innovar, para que se frente el control que estaría realizando desde ya el Estado. Además se espera que la Corte de Apelaciones investigue a las personas que están detrás de esta medida, pronunciarse respecto a en qué grado se estarían violando aquí los Derechos Humanos y las garantías constitucionales de los chilenos.

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