La intervención militar que realizó en 1998 la OTAN –destinada a poner fin a la limpieza étnica implementada por el gobierno serbio en contra del colectivo albanokosovar– provocó un debate respecto al carácter legal que tuvo esta acción al realizarse sin la autorización expresa del Consejo de Seguridad; pasando por alto lo señalado en los artículos 39 y 42 de la Carta de Naciones Unidas. Así, el debate internacional estuvo marcado por la interpretación que algunos hicieron respecto a la necesidad de ir en defensa –incluso militar– de aquel colectivo al que se le violan masiva, grave y sistemáticamente los derechos humanos con independencia de la posición adoptada –al respecto– en el seno del Consejo de Seguridad. Esto gatilló numerosos desencuentros –no solucionados hasta hoy– entre los defensores de los derechos humanos y aquellos que priorizan la soberanía de los Estados.

Ahora, si se analiza la situación que ocurre en el norte de África; específicamente en la Jamahiriya Árabe Libia, es posible señalar que, respecto a la intervención en Kosovo, también existió y existe una intervención militar occidental justificada en función de la defensa de los derechos humanos. La gran diferencia se dio en la consecución –a priori– de una resolución emanada desde el Consejo de Seguridad, elaborada en virtud del Capítulo VII de la Carta, en la que se autorizó la adopción de todas las medidas necesarias para la protección de los civiles y las zonas amenazadas por las fuerzas de Gadafi, quedando excluido de esto –gracias a las posiciones de China y Rusia– la acción militar terrestre.

Ahora bien, si analizamos ambas situaciones se puede señalar que la intervención en Libia cumple con los requisitos exigidos por el Derecho Internacional al implementar una acción que involucre el uso de la fuerza. No obstante, ésta presenta una menor legitimidad que en el caso de Kosovo en función de las razones que ha tenido el Consejo de Seguridad para implementar la resolución 1973. Básicamente, estos argumentos distan de la publicitada defensa a los derechos humanos que occidente promulga y está más cercana al aprovechamiento del contexto político en el Magreb en aras de la obtención de beneficios geopolíticos; específicamente posicionando en el poder a responsables pro-occidentales capaces de implementar políticas de alta conveniencia para las grandes potencias, especialmente en ámbitos relacionados con la seguridad y contratos petrolíferos.

Es por esto que no deben sorprender los últimos antecedentes conocidos a partir de la llegada de las facciones rebeldes a Trípoli, que señalan que EEUU y Gran Bretaña aprovecharon –en los últimos años– el desapego de Gadafi por los derechos humanos en aras de conseguir resultados en la lucha occidental en contra del islamismo radical.

Por esta razón considero que la defensa en pro de los derechos humanos que hace el Consejo de Seguridad ha perdido legitimidad, transformándose en un instrumento de las grandes potencias destinado a maximizar su poder en el escenario internacional dejando en lugares residuales la devolución de la dignidad y derechos a los colectivos sometidos a vejámenes y –en algunos casos– a crímenes de lesa humanidad.