Declaración Pública a 80 días de huelga de hambre de Mapuche

02 Junio 2011

Las Secretarías Nacionales del PPD de Pueblos Indígenas, Sindical y de la Mujer respecto de la situación de los procesos judiciales seguidos en contra de los presos políticos mapuche y la huelga de hambre de 80 días que llevan cuatro de ellos expresan lo siguiente:

Comunicado >
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1.- Rechazamos el incumplimiento del Gobierno con su compromiso de no aplicar la Ley Antiterrorista y de calificar los actos cometidos como terrorista agravando con ello en forma desproporcionada las penas. Este hecho, sólo tiene un explicación reprimir la legítima protesta social mapuche.

2.- Hacemos un llamado a los jueces de la Corte Suprema a anular los juicios en contra de comuneros con acusaciones que se sustentan en testigos sin rostro, anónimos y que obtienen beneficios por declaran en las causas que lleva la Fiscalía en contra del pueblo mapuche. Esperamos que la Corte Suprema restaure el estado de derecho en el marco justo y debido proceso judicial, que es lo que ellos legítimamente están solicitando.

3.- La Corte Suprema tiene el deber de hacer justicia y rechazar las condenas desproporcionadas amparadas en juicios que atentan contra los derechos humanos. Lo que permitirá que los cuatro comuneros levanten la Huelga de Hambre que ha sido una preocupación permanente de la ciudadanía en los últimos tres meses, aunque los medios no hagan eco de este clamor.

4.- Nos asiste la convicción que los criterios usados por los fiscales y el Gobierno, que los contrata como asesores, en las causas en contra del Pueblo Mapuche busca anular la legítima protesta social, reprimir a sus líderes, criminalizar el descontento y abrir una persecución generalizada en contra de todo movimiento social que se manifieste en contra del abuso, sean los pueblos indígenas, el movimiento ambiental, los estudiantes, los trabajadores o la cualquiera forma de expresión ciudadana.

5.- Tenemos la esperanza que la Corte Suprema demostrará al país entero y a la comunidad internacional que las instituciones funcionan en Chile, sobre la base del apego a los principios de la legalidad, la justicia y el respecto irrestricto a los derechos humanos y los valores democráticos, que tanto nos ha costado reconstruir.