Carabineros: En los hechos, ¿cuáles serán sus determinantes?

Carabineros: En los hechos, ¿cuáles serán sus determinantes?

19 Octubre 2020

Siendo estudiante, recuerdo el vértigo que implicaba protestar y marchar, sabiendo que Carabineros iba a reprimir. Situación similar a la ocurrida actualmente; antes en dictadura, ahora en democracia; antes comprensible, ahora inentendible.

Roberto Bravo >
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Carabineros es una fuerza de orden y seguridad, subordinada, dependiente del Ministerio del Interior, cuyo mandato está establecido en ley orgánica constitucional. El carácter militar establecido en el artículo N°1, al parecer les genera problemas de identidad y pérdida de foco; el artículo N°3 establece la misión, esencialmente una policía preventiva.

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Recuerdo el fusilamiento de 2 carabineros el año 1985, Sagredo y Topp Collins, responsables de la muerte de una decena de mujeres en Viña del Mar; fue la última pena de muerte aplicada en Chile. En agosto, el oficial Gary Valenzuela fue imputado por el homicidio de una carabinera; el mismo que participó de la muerte de un poblador que nada habría tenido que ver con las protestas del año pasado. Es disonante esta secuencia, de la regla se infiere que los carabineros no delinquen. No estoy haciendo asociación alguna, sólo representando el impacto que causa, que personas instruidas para proteger, delincan.

El General Director Bruno Villalobos, vinculado a violación a los DD.HH, participó en el operativo que dio muerte a un estudiante en 1985. La operación Huracán y el fraude del Pacogate lo desbordaron; duró 3 años en el cargo. Hermes Soto, antes de ser nombrado general, fue el foco de una conspiración interna para impedir asumiera el cargo, filtraron su hoja de vida para ventilar un arresto por prestar protección a prostíbulos; la muerte de Camilo Catrillanca le paso la cuenta, no llegó al año en el cargo. El general Mario Rozas, ha tenido que lidiar con denuncias de organismos internacionales y organizaciones locales por violación a los DDHH, dando cuenta carabineros de la cultura del abuso, de considerar a los manifestantes, odiosos enemigos. Los perdigones de goma no eran tales y la perdida de ojos de los manifestantes el costo de una policía que reprime, mutila y tergiversa los hechos para quedar impune, amparados en la conducta de una minoría violenta.

Han planteado desde todos los sectores la necesidad de reformar la institución, un cambio que la vuelva a poner en la órbita de probidad y por sobre todo, de respeto ciudadano. Es la sociedad la que decide proveer a las policías el uso de armas para la defensa de las personas. No obstante, ésta debe ser controlada para no incurrir en excesos y abusos. A la fecha, no hay reforma; sólo los han dotado de “elementos tecnológicos” para el control del orden público. Pasarle armas a quienes no están preparados y endosarles tamaño encargo, es correr un riesgo demasiado grande; las pruebas están a la vista.

Un funcionario de carabineros arrojando a un joven al lecho del Mapocho, es un delito; esa acción no puede estar justificada en la animosidad del actuar individual o en la falta de criterio de quien da las ordenes. Será verosímil que sólo los funcionarios menores incurran en faltas graves; la estafa del Pacogate, no la urdieron los últimos del escalafón.

Si ladra y mueve la cola, es un perro; si comete delito, un delincuente. La justicia debería ser implacable, independiente de quien se trate, con uniforme o mucho dinero; denegación e impunidad, son tan repudiables como las acciones represivas y sus consecuencias.

Convengamos, no sólo carabineros requiere una reforma, también el ejército necesita purgar sus delitos. Desde la política, nadie ha querido hacerse cargo; la indefinición como objetivo político es lo que ha desencadenado el descontrol y la situación actual.

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