Restando 17 solicitudes de diputados para hacer uso de la palabra, el presidente de la Cámara Baja, Edmundo Eluchans, decidió el cierre del debate, postergando para la próxima semana la discusión y votación del proyecto de ley, sobre fortalecimiento del resguardo de orden público, también conocido como “Ley Antiencapuchados” o “Ley Hinzpeter”.

La sesión contó con asistentes que se manifestaron a favor y en contra del proyecto, lo que derivó en varias interrupciones y una suspensión de la sesión parlamentaria, que contó con intervención del ministro de Interior, Andrés Chadwick.

El secretario de Gobierno defendió las tres aristas del Ejecutivo para presentar este proyecto, que va en la línea de mejorar la legislación por orden público, sumar agravante a los delitos que se cometen en el marco de una protesta, además de penalizar el tránsito de personas a rostro cubierto en la vía pública.

“Es extraordinariamente antigua, poco precisa y muy amplia. Nos ha traído problemas en la interpretación judicial, de cuando estamos en presencia de una situación de desorden grave. Nuestra legislación presenta una debilidad al momento de sancionar acciones violentas o vandálicas, aprovechando el derecho de reunión, por lo que carecemos de herramientas jurídicas necesarias para enfrentar este problema”, indicó Chadwick.

Desde el oficialismo, los diputados se sumaron a las palabras de Chadwick, al citar el tono ciudadano que tendría este documento. Cristián Letelier, de la UDI, destacó que los desórdenes posteriores a una protesta legítima son los que obligan a endurecer la legislación.

“La realidad que ve la ciudadanía, es que como consecuencia de marchas estudiantiles muy legítimas, en la mitad de ellas o posterior al término, estos encapuchados aprovechan eso para delinquir. Y eso la ciudadanía lo repudia, y los parlamentarios nos debemos a ellos y debemos reaccionar conforme a esta ley”, declaró.

En contraste, diputados opositores enfatizaron en el carácter antidemocrático del texto. Pedro Araya, del PRI, argumentó que los actos que este documento tipifica como delito, ya están incluidos en el Código Penal, por lo que la intención del Ejecutivo obedece a la ineficacia de la fuerza pública.

Araya recalcó que “lo que no hay es investigación policial adecuada para determinar a los culpables. Es distinto, acá no se puede decir que cuando se saquea un local, eso está sancionado, es robo. Lo que hay es mala investigación criminal, el Gobierno comete un error, criminaliza la protesta social. Es una teoría que no es nueva, plantea al ciudadano no como un sujeto de derecho, sino como un enemigo de la sociedad”.

En esta materia, el dirigente Luis Mariano Rendón, líder del movimiento “Democracia para Chile”, se refirió a los elementos que hacen ver este documento como un atentado a los derechos civiles, además de criminalizar actos como la toma de establecimientos estudiantiles.

“Es claramente un carácter represivo, se pretende criminalizar la protesta, y formas de lucha tradicionales como la ocupación de establecimientos educacionales, convertirlos en delito, formas tan común de protestas como un ‘sitting’ (interrumpir el tránsito). Es un arrebato represivo que pretende escalar en la criminalización de la protesta social, más allá incluso de lo que ocurría en dictadura”, indicó el dirigente.

Cabe destacar que el documento que se votará en Sala es un resultado diezmado del proyecto original. A las modificaciones realizadas una vez que el ministro Rodrigo Hinzpeter dejó la cartera de Interior, se incluyen también los artículos que fueron rechazados en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia.