Hemos visto los altos índices de desigualdad que se han generado a partir de la década de 1980, sin desmerecer el desarrollo económico sostenible que ha permanecido desde entonces, por lo tanto, será fundamental encontrar las alternativas que nos puedan guiar a comenzar un proceso que nos ayude a dar solución a estos problemas.

La educación, la consideraremos como una herramienta necesaria y fundamental en la búsqueda de una mayor participación ciudadana y esta, por consiguiente, esencial en la disminución de las desigualdades sociales[1]. Podemos observar en la historia que “la educación era una instrumento que equiparía a las personas para ejercer sus derechos de ciudadanía. Varias constituciones tempranas (las de las repúblicas italianas entre 1796 y 1799, la de Cádiz de 1812) establecían sistemas de educación universal y gratuita, aunque no obligatoria.”[2]

Como medida de solución a corto plazo existe lo que se llama gasto social, lo que se obtiene mediante políticas tales como la subida de impuestos que como se sabe, van en desmedro de las personas que tienen mayores recursos, para asignarlas a las personas que se encuentran en situación más desprotegida. Tal medida en la practica será efectiva para palear el problema a corto plazo, pero a su vez se señala que la medida de inversión educacional será la medida escogida para la solución a largo plazo, por lo tanto, no veremos los frutos de tales políticas públicas en la contingencia, sino que tendremos que esperar un tiempo.

“La encuesta CASEN 2006 señala que se ha producido un importante incremento en los años de escolaridad de la población de 18 años y más (respecto a 1990) y una significativa reducción de brechas en zonas urbanas y rurales (entre 2003 y 2006).”[3] Señalando además que para la Prueba de Selección Universitaria las diferencias para un joven que tiene padres o tutores profesionales serán de más de 100 puntos con aquellos que no tienen padres o tutores profesionales. Respecto a lo anterior,  podemos concluir que en gran medida los cambios que se efectúan a través de los años en los índices de desigualdad, se explicarían en medida importante a la educación.

Por consiguiente, si consideramos que desde 1990 las políticas de la Concertación de Partidos por la Democracia tenían como “objetivos centrales la superación de la pobreza, la ampliación de oportunidades, la reducción de distintas formas de discriminación y exclusión social, la disminución de las desigualdades y en general las condiciones de vida del conjunto de la población.”[4] En la actualidad los desafíos han avanzado más allá, debido a que en el año 2006 durante la presidencia de Michelle Bachelet, se propuso instaurar un Sistema de Protección Social que tuviese como objetivos una mejor calidad de vida de la población que fomentara una democracia más inclusiva y ciudadana. Estableciendo como pilares fundamentales tres cosas: el crecimiento económico, el desarrollo social y la democracia. Por lo que, invertir en la educación será fundamental, de modo que, “en nuestro caso, el énfasis ha sido puesto en la inversión en las personas y familias, mejorando sus niveles educacionales y condicionales de salud.”[5] Y mayor aún mejorar la calidad de esta de los sectores más desprotegidos, entendiendo de esta manera que la educación tiene una relación directa con el cambio de las desigualdades sociales.

Medidas que apunten a combatir tanto la deserción escolar, tanto el embarazo adolescente, como el trabajo juvenil, con el fin de motivar a los jóvenes en situación vulnerable socioeconómica, a través de subvenciones y sistemas de becas para este sector seran fundamentales.

Hemos visto que “para reducir la desigualdad se requiere invertir en educación en los grupos de menores ingresos, lo que aumentaría la oferta de trabajo calificado, y de paso no sólo generaría aumentos de ingresos para los beneficiarios de esta mayor educación, sino también reduciría el retorno de este grupo y los niveles de desigualdad.”[6] Por lo tanto, sabemos que la tarea pendiente será la calidad de la educación, puesto que, la evidencia muestra que los cambios en los niveles educacionales explican en gran medida el comportamiento de las desigualdades, pero esto dejamos claro será un camino que dará sus frutos en un buen tiempo más, como medida definitiva a largo plazo.

Podemos apreciar que la democracia es un sistema que trata a todos los participantes por igual, pero cuando individuos desiguales son tratados como iguales se generan una serie de conflictos, de modo que, sus decisiones en las decisiones colectivas serán desiguales. Por ejemplo, en un partido de basquetbol, “hay dos equipos, reglas perfectamente universalistas y un juez imparcial para administrarlas. Pero un equipo está formado por jugadores de 1.90 de estatura y el otro por hombres que apenas pasan de 1.50. El resultado del partido está determinado de antemano, las reglas del juego tratan a todos los jugadores por igual, pero eso sólo significa que el resultado del juego depende de los recursos individuales que uno lleve a la cancha.”[7] Si lo llevamos a la realidad, veremos que esto mismo sucede, el Estado asegura la igualdad de todas las personas, sin distinción de edad, sexo, rango social, educación o ocupación, pero no todos comparten los mismo niveles de estos recursos, por esta razón, el dinero incide en más de la mitad de los factores anteriormente mencionados.

Referencias

[1] Ref: Przeworski en su libro “Qué esperar de la democracia. Limites y posibilidades del autogobierno”. Plantea que la democracia, por la vía de la igualdad política, debe conducir a la igualdad económica. El autor recuerda que, la idea que la democracia en el terreno político debe lógicamente conducir a la igualdad social y económica llegó a ser la piedra fundamental de la socialdemocracia.

[2]  Przeworski, Adam. Que esperar de la democracia. Límites y posibilidades del autogobierno. 1ª ed. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores. 2010. Pág. 130.

[3]  Garretón M. Manuel Antonio. La Democracia Incompleta en Chile: La Realidad Tras Los Ranking Internacionales. Revista Ciencia Política. (Santiago). V.30 Nº1. 2010. Pág. 141.

[4] Quintana, Paula. La Protección Social: El Enfoque Para Las Políticas Sociales Para Los Nuevos Desafíos. Anales De Instituto De Chile. Vol. XXVII. Estudios La Pobreza En Chile II. Editor: Felipe Vicencio Eyzaguirre. 2008. Pág. 265.

[5] Ibíd. Pág. 266.

[6]  Dante, Contreras. Distribución del ingreso en Chile. Nueve hechos y algunos mitos. Perspectivas Volumen 2, N°2. 1999. Pág. 330.

[7] Przeworski, Adam. Que esperar de la democracia. Límites y posibilidades del autogobierno. 1ª ed. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores. 2010. Pág. 130.Pág. 156.