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Habitar en dignidad: hacia el derecho a la vivienda en la nueva Constitución
Habitar en dignidad: hacia el derecho a la vivienda en la nueva Constitución
Las demandas ciudadanas por acceso a una vivienda adecuada y por la construcción de ciudades justas, también se vieron reflejadas en el estallido social del 18 de octubre de 2019, cuando la inequidad se constituyó en el núcleo central de las protestas.
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authenticated user Corresponsal Corresponsal AliadoLa votación popular a favor de la elaboración de una nueva Constitución a través de una Convención Constitucional es una oportunidad histórica para participar de la elaboración de un gran pacto social que organice y distribuya el poder, y garantice los derechos de todas y todos, incluido el derecho a la vivienda. Es decir, este escenario nos abre la posibilidad de crear en conjunto un acuerdo político-normativo sobre las ciudades que queremos construir para las próximas décadas. La relevancia que tiene para la ciudadanía el resguardo del derecho a una vivienda digna y adecuada ya fue advertida durante el proceso constituyente iniciado durante el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet. En todas las etapas de participación realizadas en el procedimiento de aquel entonces la vivienda estuvo entre las cinco prioridades de la población.
Las demandas ciudadanas por acceso a una vivienda adecuada y por la construcción de ciudades justas también se vieron reflejadas en el estallido social del 18 de octubre de 2019, cuando la inequidad se constituyó en el núcleo central de las protestas. Asimismo, la pandemia ha dejado en evidencia las precarias condiciones de habitabilidad que afectan a miles de familias en nuestro país. Esta realidad nos alerta sobre la fragilidad del sistema de protección social y resignifica el rol de la vivienda como un derecho social que permite resguardar otras esferas de nuestra cotidianidad (salud, empleo, medio ambiente, entre otras).
La incorporación del derecho a la vivienda en la nueva Constitución no va a solucionar de un día para otro todos los problemas urbanos y sociales que aquejan a nuestras ciudades. Mejorar las condiciones de hacinamiento, segregación y desigualdad, precios de las viviendas y de los asentamientos informales, depende no sólo del reconocimiento y protección constitucional del derecho a la vivienda sino de una serie de otros factores económicos, sociales y culturales, tales como la forma en que está distribuido el poder, la voluntad política, la capacidad económica del Estado, los niveles de corrupción y la calidad de las instituciones políticas. En este sentido, pensamos en la garantía constitucional del derecho a la vivienda como condición indispensable pero no suficiente para una ciudad más justa y equitativa.
Seminario
En este contexto, el Centro de Estudios Socioterritoriales (CES) de TECHO-Chile y Fundación Vivienda en conjunto con la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR) han elaborado un informe que será presentado este jueves 5 de noviembre en un seminario donde examinaremos la experiencia constitucional en materia de vivienda y ciudad en base a los principales desafíos urbano-habitacionales del país, la voz y mirada de las comunidades, los estándares internacionales de derechos humanos y la revisión comparada de otras constituciones a nivel mundial.
Los panelistas del seminario: Paulina Saball (ex Ministra de Vivienda y Urbanismo), Stephanie Hurtado (dirigenta de villa El Bosque, La Pintana) y Christian Courtis (abogado y funcionario del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH.) comentarán los principales hallazgos y propuestas de este informe, que serán presentados por Magdalena Sepúlveda, directora ejecutiva de GI-ESCR y ex relatora especial de la ONU sobre pobreza y DD.HH., y Sebastián Bowen, director ejecutivo de TECHO-Chile y Fundación Vivienda.
Informe: propuestas
Tras revisar la relevancia de la vivienda en el proceso constituyente, su carácter de derecho humano, y atributos, cómo se ha aplicado el derecho a la vivienda en la Constitución chilena y ejemplos internacionales, y el significado o elementos del estatus constitucional de la vivienda, en el informe se incluyen los siguientes principios clave como propuesta que guíe las reflexiones respecto de la incorporación del derecho a una vivienda adecuada en la nueva Constitución:
1º La ciudad como parte integrante del derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda no puede entenderse aisladamente, y su satisfacción dependerá de las condiciones, equipamientos, servicios y bienes públicos que se encuentren disponibles en el hábitat en que se inserta.
2º Primacía del interés general. La utilización del suelo debe responder al interés general de la población para lograr un desarrollo armónico del territorio. Combatir la segregación requiere generar un adecuado equilibrio entre el derecho de propiedad y la función social del suelo.
3º Gestión democrática y enfoque de género en la ciudad. El ejercicio pleno de la ciudadanía requiere una participación activa de las comunidades en la construcción de su propio hábitat. Esto necesariamente implica asumir la inclusión como un desafío permanente, y considerar el enfoque de género como un piso mínimo para su resguardo.
4º Garantía y protección del derecho. El reconocimiento expreso del derecho a una vivienda digna y adecuada debe ir acompañado con garantías constitucionales que permitan hacer efectivo su cumplimiento. Los tribunales de justicia deben tener herramientas para interpretar el contenido del derecho, ajustar su aplicación a determinados contextos y corregir situaciones de vulneración.
5º Obligaciones internacionales. De acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, la consagración del derecho a la vivienda en el nuevo texto constitucional debería incluir la obligación de realizar este derecho sin discriminación, progresivamente y hasta el máximo de los recursos disponibles del Estado.
Este informe es parte de un esfuerzo conjunto a largo plazo para incidir en las diferentes etapas del proceso constituyente en los temas relativos a vivienda y ciudad, y como TECHO-Chile y Fundación Vivienda invitamos al resto de la sociedad civil a articularse en torno al derecho a la vivienda.