Hace un par de semanas el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió eufórico a los compromisos cumplidos por la actual administración. Entre las metas cumplidas destacó la extensión del post natal a 6 meses, el rescate de los 33 mineros, la reconstrucción de los hospitales que fueron dañados por el terremoto y el compromiso presidencial de terminar con las listas de espera AUGE, siendo esta última afirmación la que genera mayores dudas a la hora de analizar los resultados, ya que sin aportar más datos sobre la mesa el Ministro aseguraba que se pondría fin a las listas de espera AUGE el 30 de noviembre pasado.

El plan AUGE o plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas en salud es un programa del Ministerio de Salud vigente desde el año 2005 y que consiste en otorgar acceso obligatorio, de calidad y oportuna a cerca de 70 patologías previamente establecidas por ley. Algunas de ellas son la diabetes mellitus tipo 1 y 2, el cáncer cérvico uterino,  el infarto agudo al miocardio, la hemofilia y la artritis reumatoide, por nombrar algunas.

De ser ciertas las palabras del Ministro, el fin de las listas de espera se traducirá en la mejora sustancial de la calidad de vida de miles de chilenos que llevan esperando años por una mejor atención sanitaria, pero las dudas surgen cuando no se especifica de qué manera se lograron estos resultados y qué sucederá nuevamente con las listas de espera de los pacientes con enfermedades “no AUGE” o aquellos que teniendo enfermedades catalogadas como AUGE no cumplen con la edad necesaria para optar a los beneficios del plan. Después de todo nadie elige de que enfermarse.

La salud como bien de consumo

Los elevados costos asociados a enfermedades crónicas, agudas graves o invalidantes, sumado a la desigualdad socioeconómica extrema que aqueja al país, provocan que finalmente solo un pequeño porcentaje de la población tenga acceso a una atención de salud de calidad, expedita y oportuna. Esto no involucra solamente el tratamiento de patologías existentes, sino también el acceso a la medicina preventiva, un área crucial para poder disminuir la prevalencia de muchas enfermedades.

Para el año 2009 Chile tenía un gasto en salud correspondiente a un 8,2% del PIB, del cual aproximadamente un 3,7% correspondía a gasto público. En cuanto a los beneficiarios por sistema de salud en el año 2005 un 70% de la población se encontraba adscrita a FONASA, le seguían las Isapres con un 16% de participación y las instituciones ligadas a las FFAA y de orden con un 14%. Del total de camas disponibles el 70% se encuentran en el sistema público y un 13% en clínicas privadas, en estas últimas la mayor parte de la oferta se concentra en la Región Metropolitana con un 61%.

Estas cifras reflejan la pésima distribución de los recursos y la baja inversión en salud que realiza el Estado, ya que el sistema publico de salud posee solo un 46% de los recursos totales que el país dispone para la salud, pero al mismo tiempo debe dar atención sanitaria al 70% de la población.

Otro dato importante de agregar son las cuantiosas utilidades que obtuvieron las Isapres durante el primer semestre del 2011 donde alcanzaron la exorbitante suma de 45.683 millones de pesos en ganancias, más del doble de la meta alcanzada por la Teletón para el mismo año (las ganancias podrían ser aún mayores para el segundo semestre). Esta gran cantidad de recursos que se embolsan las Isapres no sería un problema sino fuera por el modo en que obtienen esos abultados márgenes. Los servicios que prestan son altamente cuestionables, llenos de restricciones y cláusulas discriminatorias, en donde por ejemplo pacientes con enfermedades crónicas y mujeres en edad fértil deben pagar planes de salud más altos. En cambio prefieren tener entre sus afiliados a pacientes jóvenes con buenos ingresos y pocas probabilidades de enfermarse.

Mejorar la salud de miles de chilenos involucra incrementar sustancialmente el gasto público en salud, incluso traspasando dinero desde el sector privado al público y no a la inversa como ocurre actualmente, ya que para el sistema privado es mucho más rentable que se utilicen recursos públicos costeando programas de libre elección, envés de utilizar mayores recursos en seguir mejorando la infraestructura y dotación de personal de los hospitales públicos. Se podría partir, por ejemplo, reinvirtiendo los excedentes de las Isapres en el sistema publico, con ello al menos se estaría dando a esos recursos la finalidad para lo cual fueron recaudados: “la Salud”. Los cotizantes por su parte podrían sentirse orgullosos de estar destinando parte de sus recursos para mejorar la salud de otros compatriotas, con lo cual estarían siendo solidarios los 365 días del año y no solo 27 horas. Aunque ciertamente lo más importante para mejorar la salud pública en Chile es volver a comprender como país que, a pesar de todo, la salud debe seguir siendo un derecho y no un bien de consumo.