El principal eslogan del sistema neoliberal que rige en Chile, "el libre mercado", ha comenzado a mostrar su lado más oscuro durante los últimos años. Partió hace algún tiempo con la colusión de las farmacias, luego vinieron las repactaciones ilegales de la Polar, la colusión entre las empresas productoras de pollo y últimamente surge una nueva investigación por la posibles irregularidades en que las han incurrido algunas cadenas de supermercados. Lo que para muchos pareciera ser un simple escándalo financiero, es más bien una pequeña muestra de lo nefasto que puede ser para las personas que el "mercado" funcione sin control alguno.

La falta de competencia afecta directamente el bienestar de los consumidores, pero lo más grave es que se comienza a producir una concentración de las riquezas en un sector muy reducido de la población, lo que aumenta se sobremanera la desigualdad social dejando insatisfechas las necesidades básicas de un gran número de personas.   

El “libre mercado”, que en la práctica es justamente lo contrario, ha generado con el pasar de los años una acumulación de poder y riquezas sin precedentes en Chile. Rubros de enorme importancia estratégica para el país como la generación eléctrica, el trasporte aéreo, el transporte terrestre de pasajeros, el retail, los fondos previsionales y el sector bancario son controlados por apenas dos o tres grupos económicos que son dueños prácticamente del total de la oferta y no dejan espacio para la entrada de pequeños y medianos competidores. El problema se acrecienta aún más porque muchos de esos grupos tienen además participación dominante en más de un rubro.

Los gobiernos de turno por su parte no han hecho otra cosa que avalar estas prácticas monopólicas, con lo cual el Estado se ha transformado en un simple espectador de este sistema. Dentro de las funciones que debería ejercer el Estado están la de fiscalizar malas prácticas laborales y medio ambientales, así como también asegurar la libre competencia, sin embargo existen muchos ejemplos en la historia reciente de Chile que demuestran lo contrario. Entre ellos están los bullados casos de la Polar y la colusión de las farmacias, pero la falta de fiscalización estatal oportuna también ha sido responsable de la contaminación del río Cruces por parte de Celco en Valdivia, del accidente laboral que sufrieron los  33 mineros al realizar faenas en una mina ilegal o que varias universidades continúen lucrando cuando legalmente está prohibido.

Desde hace mucho tiempo las políticas públicas vienen siendo reaccionarias y apuntan más que nada a solucionar rápidamente las omisiones y los errores cometidos una vez que estos polémicos casos han salido a la luz publica, pero finalmente no existe ninguna intención clara de querer anticiparse a los problemas y generar una nueva legislación y políticas acordes a largo plazo. Quizás los resultados que arrojen las investigaciones que se realizan por la colusión de las empresas avícolas y de los supermercados ayudarán, en cierta medida, a poner fin a estas malas practicas, pero no sería descabellado pensar que este tipo de artilugios se han instaurado en la medula de nuestro sistema económico y que las colusiones son después de todo una practica frecuente en una economía llena de oligopolios como la economía chilena.