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Un total de 229 millones de pesos en horas son las que se habrían pagado presuntamente a cinco funcionarios de la Municipalidad de Concepción que trabajaban en el departamento municipal de educación.

Los funcionarios sometidos a procesos son  Jacqueline Van Rysselberghe alcaldesa de la  época, el actual Seremi de Educación, Benjamín Maureira, Daniel Pavón, Cecilia Lazo y Dayanne Salazar; todos con defensas individuales.

A pesar de la gravedad de la situación y de la cantidad de dinero público que está involucrado el juicio no tiene fecha límite de término, pues hasta ahora se encuentra en etapa de discusión lo que significa que las partes están contestando reparos, alegaciones y defensas.

Es por ello, que el Senador del MAS, Alejandro Navarro presentó sus reparos por lo lento del juicio, de hecho pidió acelerarlo para obtener una respuesta lo antes posible a los requerimientos.

Según Navarro, el juicio debe acelerarse porque “sólo se explica porque hubo una decisión política de la ex alcaldesa de que esto se pagara. Si bien, fue denunciado por la autoridad de control en su momento, esa advertencia fue desestimada. Por lo tanto, aquí ella expuso una política feudal al interior del municipio que terminó en todas estas irregularidades”.

Es importante mencionar que el único efecto del juicio sería la responsabilidad civil, por lo que cual en caso de ser declarados culpables deberán devolver el dinero y en caso de comprobarse daño al patrimonio público habría pago de indemnizaciones de por medio.