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Las movilizaciones estudiantiles fueron el detonante de la enorme explosión social que vive nuestro país después de 17 años de autoritarismo y dos décadas de expectativas frustradas. Más allá de ese conjunto de manifestaciones que en algún momento nos hicieron despertar del prolongado letargo de la post dictadura, lo cierto es que ha sido la demanda por una educación pública gratis, de calidad y amplia cobertura la que ha despertado el malestar de los trabajadores, como los consumidores y de todos los chilenos vulnerados por las inequidades escandalosas y la inicua aplicación a que nos someten las directrices políticas y económicas dispuestas por el Dictador y sacralizadas por los gobiernos que le siguieron.

Lo que hoy tenemos es un país que pertenece efectivamente a un puñado de empresas  que se enseñorean en todo nuestro territorio y en que el crédito y en que hasta las grandes tiendas defraudan a diario los precarios recursos de la inmensa mayoría. En que nuestro medio ambiente es degradado por el bandidaje de los grandes inversionistas y la complacencia criminal de quienes deben velar por nuestra soberanía e integridad, es decir,  la clase política y las Fuerzas Armadas. Las cuales comparten prebendas escandalosas en relación a los escuálidos recursos destinados a la educación, la salud, la vivienda  y las pensiones de los jubilados. Convertidos en el paradigma del capitalismo más salvaje, en más de 30 años se ha hecho todo por segregar a la población, favorecer a una ínfima minoría y postrar en la ignorancia y el salario mínimo a los más. En el objetivo preconcebido de que nos constituyamos en la mano de obra más barata y atractiva para las transnacionales y monopolios, alcancemos un ingreso per cápita general que no alcanza a obtener ni el  20 por ciento de la población y vaciemos a precio vil nuestros recursos estratégicos a los “mercados” mundiales.

Hemos vivido un tiempo en que se  descarga la brutalidad policial a cualquier forma de protesta, demanda o disidencia. En que las horribles violaciones a los Derechos Humanos tienen las resoluciones indulgentes de los Tribunales, cuanto refrendadas por  los gobernantes a quienes Pinochet heredó la administración del país y salieron en su rescate para evitarle la sanción internacional  por sus delitos de lesa humanidad. Años de falsa transición a la democracia en que se han sucedido cinco gobiernos sin que, por ejemplo,  los chilenos en el extranjero  alcancen derecho a voto y en que impera un sistema electoral acotado por los partidos, el binominalismo y los recursos millonarios que disponen las familias gobernantes para solventar sus inversiones políticas. Las que se demuestran, después, completamente digitadas por los poderosos empresarios y compensadas por el buen recaudo  de todo tipo de operaciones para asaltar el erario público ante una población atónita por la impunidad y la complacencia de los grandes medios de comunicación. Es decir, por ese grupo apadrinado de canales de televisión y diarios que, por supuesto, han renunciado a fiscalizar y representar los intereses del pueblo a cambio de la publicidad estatal y el avisaje de los monopolios consolidados por un modelo que concentra cada vez más la riqueza, la producción y el comercio.  Para lo cual se persigue, además, impedir la diversidad informativa y el disenso.

Las multitudinarias marchas han puesto de manifiesto la indolencia de las autoridades, la grosera tergiversación de los acontecimientos y el carácter represivo del sistema que nos rige. Sin embargo, en lo principal, han desnudado la realidad del país ante el mundo y la propia población todavía obnubilada por el exitismo de farándula,  oropeles y sabor a chatarra que se le ofrece al pueblo en desmedro de su dignidad intelectual y derechos soberanos. Las redes del internet, la voluntad inquebrantable de los jóvenes y la insobornable actitud de diversas instituciones y líderes de la sociedad civil le hacen descubrir al país que el origen de estas perversiones  no radica en la falta de recursos sino en el empecinamiento de un modelo político y económico perverso, necesario de ser derribado para romper las cadenas de la desigualdad y subdesarrollo cultural.

Tal como los advirtieran en su hora nuestros grandes próceres libertarios, el problema otra vez es el imperio de una Constitución ilegítima, heredada de un régimen de facto, jamás aprobada por el pueblo y que, en el caso de la actual Carta Fundamental, ha cautivado a quienes en su hora la denostaron, pero en el ejercicio del gobierno se satisficieron completamente en ella,  la cupularidad y la traición a los valores republicanos. No en vano es ahora la exigencia de una Asamblea Constituyente la que se viene imponiendo en el lúcido discurso de los dirigentes estudiantiles, conscientes de que la educación clasista y la renuencia del Estado en satisfacer las demandas sociales tienen cobijo en un texto deplorable, ilegítimo en su origen y ejercicio, como en la hipocresía de quienes han gobernado el país en la senda trazada por el Dictador. Por lo mismo que apenas han consentido algunos cambios mínimos en su redacción e, incluso, aprobado enmiendas tan deleznables como la posibilidad que se han dado los partidos políticos de reemplazar por si mismos a los diputados y senadores que renuncian a sus cargos, con lo cual en el Parlamento abundan los diputados y senadores designados por los mismos que han convertido  a los distritos y circunscripciones en sus cotos de caza.

Fatal sería que los insurgentes de hoy depositáramos en la Constitución, las leyes vigentes y la tramitación parlamentaria la solución de la crisis educacional, la reforma tributaria y otras múltiples demandas ciudadanas. Es preciso que los cambios exigidos multitudinariamente en Las calles y plazas de todo el país resulten de un acuerdo explícito con los actuales moradores de La Moneda si es que no se quieren reiterar las dilaciones y las amnesias en que cayeron otras aspiraciones del pasado. De esta forma es que la lucha por la educación, concebida como “la madre de todas las batallas”, requiere derivar ahora en una batalla decisiva,  como es la de imponer la Asamblea Constituyente, el plebiscito  y una nueva Constitución.  Después de lo cual podremos hablar de democracia, justicia y libertad en un Chile poseído aún  por la discriminación y la incompetencia del conjunto de la clase política.