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 De todos los temas sin importancia que andan dando vueltas por Chile, no deja de sorprender que una parte de nuestra fauna política saliera a intentar dirigir las pataletas de algunos usuarios de Twitter y Facebook tras conocerse que el Gobierno le pagará a Brandmetric para que, software mediante, escudriñe qué se dice del Presidente de la República y su administración en las redes sociales y publicaciones en Internet.

Como buenos profesionales del oportunismo, dichos dirigentes no dudaron un segundo en pisotear el intelecto (y sentido común) de la gallada a fin de obtener cinco segundos de micrófono, presentando la decisión del Gobierno como un intento deliberado para ultrajar los derechos humanos, escupir la libertad de expresión, corromper el derecho a la privacidad y qué se yo cuántos otros lindos conceptos que, con un poquito de manipulación chauvinista liberalistoide, consiguieron desviar la atención sobre una iniciativa lógica, necesaria e incluso inevitable.

Ya a principio del siglo diecinueve,  José de San Martín pagaba por los servicios de “soplones” para mantenerse informado sobre qué ocurría en las calles de Chile antes de emprender la travesía por la cordillera de Los Andes. A fines del mismo siglo, nuestra Cancillería institucionalizaba el monitoreo (espionaje) para “mantener la ventaja” y anticiparse a movimientos internacionales eventualmente perjudiciales para el país. Hoy, en distintas esferas, empresas, organizaciones y personas contratan los servicios de “clipping” para saber en qué medios de prensa son mencionados. En definitiva, sea por seguridad o simple ventaja competitiva, la información de qué, dónde, cómo y cuando se dice algo es de vital importancia para determinar el porqué.

Con la irrupción de nuevos canales de participación, era obvio que éstos también se sumaran al “espionaje”. Más aún si han tomado un camino (y característica) desinstitucionalizado.

Lo curioso es, además de la hipocresía de los dirigentes que critican la medida, que dichas redes sociales se llenan de mensajes alegando por la “sordera” de las autoridades sobre los temas que le interesan y, ahora que implementan un mecanismo para escucharlos, alegan. Por último, deberían dar las gracias de que esta decisión fue licitada públicamente y no imputada a gastos reservados, como lo hacen muchos programas que lleva adelante la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) hace varios años y administraciones.

Si se quiere, siempre estará la posibilidad de criticar y sacar una ventaja política  de una medida como esta. Pero masticada con calma y responsabilidad, nadie podrá discutir que en el fondo es necesaria.

El monitoreo de la redes sociales (así como las encuestas) es una herramienta más para saber hacia dónde mira y qué opina la chusma. Pensar otra cosa es simple y rasca paranoia.

Matías Carrozzi

Sociólogo