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Desde la Nueva Mayoría aseguraron que el actual Gobierno está generando contratos “truchos” y de “amarre” en distintas reparticiones para dificultar la gestión de la Presidenta electa Michelle Bachelet.

La polémica, se originó luego de la publicación de información provista por el Consejo para la Transparencia, donde se identifica a 20 candidatos derrotados en las últimas elecciones parlamentarias como asesores en distintos Ministerios.

El primer caso dado a conocer –y que desató las reacciones de uno y otro lado– fue el que ubica al ex candidato a senador Pablo Zalaquett, como asesor comunicacional del ministerio de Salud.

En su defensa, el subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, justificó que el cuestionado Zalaquett ha realizado tareas puntuales y que la información inicial sobre la extensión de su contrato por todo el año 2014 habría sido un error.

El presidente subrogante de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, informó que su partido solicitará un informe detallado de las actividades de asesoría realizadas por los personeros de la Alianza que figuran con sueldos hasta fines de febrero.

Si bien puede ser legal, es éticamente reprochable, aseveró el diputado, quien no descartó la constitución de una comisión investigadora para analizar el cierre de Gobierno de Sebastián Piñera.

“Vamos a solicitar un informe pormenorizado de cada una de las actividades que han realizado estos candidatos derrotados, cuál ha sido el objetivo y la justificación, porque a nuestro juicio debemos ser extremadamente celosos del uso de los recursos públicos y no pueden servir éstos para financiar premios de consuelo a los candidatos derrotados”, afirmó Chaín.

Asimismo, insistió que existen más irregularidades por investigar, como la contratación a honorarios sin cláusula de salida en el ministerio de Obras Públicas y el paso a contrata de varios asesores parlamentarios.

El parlamentario agregó que presentarán los antecedentes ante la Contraloría General de la República para que realice una auditoría de los concursos y de estos convenios, así como para que se dejen sin efecto los “premios de consuelo”.

Según el diputado democratacristiano, “hemos sido testigos de más de 500 concursos públicos de amarre, concursos truchos, con perfiles hechos como anillo al dedo para la persona que ostenta el cargo, donde se ha llegado al límite de nombrar a personas en la planta por un día, de manera suplente, para que puedan postular a estos cargos”, asegurando que lo que se busca es “tratar de dejar apernados en los cargos de jefaturas intermedias a personas de confianza del actual Gobierno y así boicotear la gestión de Michelle Bachelet”.

El vicepresidente del partido socialista Daniel Manouchehri señaló que el Gobierno debe explicar el masivo ingreso de candidatos derrotados, así como las informaciones falsas, erradas o inexistentes en el portal de transparencia, situaciones que, según él, crean desconfianza en el sistema.

“El Gobierno debe explicar si actuó como una caja pagadora de candidatos derrotados y también explicar las irregularidades e incongruencias que se presentan en el sistema de transparencia pública”, sentenció el dirigente.

En defensa de las contrataciones el ministro subrogante de la Secretaría General de Gobierno, Mauricio Lob, manifestó que las solicitudes serán desestimadas, porque, tal como comentó, “todas las denuncias que han presentado han resultado ser falsas”.

Lob criticó además a la Nueva Mayoría por lo que dice ser una cortina de humo que busca “subir el volumen para tapar el silencio” ante los errores en los nombramientos de los subsecretarios.