La Ley de Transparencia y de acceso a la información en Chile es relativamente joven. Empezó a funcionar en 2009 y desde entonces los avances han sido múltiples. El hecho de pedir documentos públicos, que las instituciones estén obligadas a entregarlos en un plazo estipulado bajo la mirada atenta del Consejo para la Transparencia, son síntoma que dan cuenta del trabajo que se ha hecho en este sentido. Conversamos con Raúl Ferrada, Director General del Consejo para la Transparencia, sobre el acceso a la información pública y el cambio que ha supuesto en la relación entre los servicios y la ciudadanía.  

¿Cuál es el rol que cumple el Consejo para la Transparencia?

El Consejo para la Transparencia [11] es una corporación, independiente del Gobierno cuya función esencial es promover el principio de transparencia al acceso de información pública, lo que se traduce en generar políticas, en orden de hacer un verdadero cambio cultural en la administración pública del Estado para pasar a una cultura de la transparencia y de entrega de información a la ciudadanía.

Además de fiscalizar desde todos los organismos del Estado, subsecretarias, servicios, municipalidades, universidades públicas, empresas del Estado, etc. y resolver los reclamos de las personas cuando sus solicitudes de documentación no se ven satisfechas por distintos organismos obligados.

Desde que se promulgó la ley ¿en qué se ha avanzado?

Sólo la administración central, desde la entrada en vigencia de la ley , hay más de 100.000 solicitudes de acceso a la información. La mayor parte de estas solicitudes han sido atendidas por los distintos servicios públicos. Ahora, las personas que no han quedado satisfechas con la respuesta que se le ha dado han recurrido al Consejo de la Transparencia. Hemos recibido más de 4.600 reclamos por solicitudes de acceso no satisfecha y estos casos están mayoritariamente resueltos.

También se ha avanzado desde la transparencia activa, que básicamente se refiere a lo obligación que tienen los distintos servicios públicos de mantener en sus sitios electrónicos información respecto, por ejemplo, sus funciones esenciales, su planta de funcionarios, las remuneraciones, las contrataciones que han hecho, etc. En la administración central hay un cumplimiento del 95%, en el otro extremo tenemos el mundo municipal, que si bien, paulatinamente también ha ido incorporando este tipo de obligaciones, hoy día en promedio de los 345 municipios del país, se llega un  nivel de cumplimiento solo de un 30 %. 

Viendo estás cifras cuál es el diagnóstico de la poca transparencia en el mundo municipal?

En el ámbito municipal todavía falta incorporar el cumplimiento de estas obligaciones y la necesidad de transparentar la información dentro de las prácticas habituales de gestión. Existen diferencias, cuando hablamos de los distintos municipios en materia de cumplimiento. Esto se basa en las características del municipio, a su infraestructura, a sus capacidades profesionales instaladas, también a sus prioridades, porque finalmente en municipios rurales con mucha pobreza, muy dependientes del financiamiento y del poder central, efectivamente tienen dentro de sus prioridades otras más apremiantes que el cumplimiento de estas obligaciones. 

¿Cuál es su opinión respecto a lo que ocurrió con la licitación del litio u otros casos parecidos?¿Cree que es un síntoma de qué se ha avanzado en este sentido?

En ese ámbito y sin pronunciarme en ese caso en particular, lo que refleja es que en materia de transparencia activa hay un avance muy importante en entregar información respecto cuentas públicas. Efectivamente, lo que evidencia este tipo de escrutinio público, esta forma de control de la actividad de los distintos gobiernos, tiene que ver con la existencia de una tremenda cantidad de información disponible, y muy a la mano. Además que, usando adecuadamente esta información se puede hacer control. El control social, el control a través de los medios de comunicación, naturalmente que con una ley como esta, se ve muy favorecido y potenciado. Esta es una diferencia fundamental porque hace unos años atrás, esta información había que solicitarla bajo otros estándares, no había plazo, no había organismo garante, etc.

¿Comparado con América Latina, cómo está Chile respecto a la transparencia?

Chile está en  una posición de liderazgo en Ámerica Latina, indudablemente. Esto ha sido reconocido en estudios, por ejemplo como el Estudio de Transparencia Internacional, que nos situa en un liderazgo indiscutido en la región, como el país que tiene mejores estándares en este ámbito. Ese liderazgo también es reconocido en otros países que se dedican a este tipo de políticas. A modo de ejemplo, el Consejo para la Transparencia, lidera hoy una red de transparencia y acceso a la información pública que tiene entre otros países integrantes a Brasil, México, Uruguay, Bolivia, Perú, en la que se están impulsando políticas de mejora y se están considerando también los buenos resultados que ha arrojado la experiencia chilena. Así que debemos sentirnos legitimamente orgullososo de estar implementando, con eficacia, una política tan importante como es la política de transparencia y acceso a la información para los ciudadanos.