Una Reforma Tributaria para enfrentar la desigualdad

El Gobierno presentó al Congreso Nacional el proyecto de reforma tributaria. La iniciativa persigue financiar profundas transformaciones en educación y otras áreas sociales y equilibrar el presupuesto abultado en los últimos años con compromisos superiores a los ingresos efectivos.

Se trata, en lo sustantivo, de enfrentar la profunda desigualdad que afecta a nuestra sociedad. Ésta alcanza en Chile niveles superiores a los que correspondería a nuestro grado de desarrollo. Pese a los esfuerzos redistributivos de las últimas décadas, el coeficiente de Gini, ha permanecido estable en torno al 0,50.

Ello es hoy un imperativo ético y político, tanto en cuanto a la necesidad imperiosa de mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de millones de chilenos, cuanto en la obligación de minimizar factores de riesgo de inestabilidad.

En lo concreto, el mensaje presidencial se estructura en base a tres ejes: mayor recaudación, fomento a la inversión y control a la elusión y evasión.

En el primer aspecto, el núcleo es el aumento de la tasa del impuesto de primera categoría a 25%, de modo que quienes ganan más contribuyan en mayor medida a financiar las necesidades del país.

Ello es posible. Nuestro país tiene hoy una carga tributaria inferior a la de los países OECD al momento en que éstos tenían nuestro ingreso actual, en tanto en el plano continental Chile se encuentra en el promedio. Se busca, asimismo, corregir la baja participación relativa del impuesto a la renta y territorial, en comparación a los impuestos variables, principalmente IVA. Eso significa que los sectores de ingresos bajos y medios aportan más de lo que ocurre en otras naciones.

En la idea de obtener mayor recaudación se encuentra también la necesidad de terminar o atenuar instrumentos y franquicias que habiendo tenido justificación en algún momento, carecen hoy de explicación razonable. En ese carácter se encuentra la tributación sobre base devengada que conduce a la eliminación gradual del FUT, que ha sido abusado generando incluso un mercado de empresas quebradas para reducir impuestos. Lo mismo ocurre con la franquicia IVA a la construcción que representa hoy casi US$ 700 millones.

En materia de estimulo a la inversión se generan diversas medidas como la depreciación instantánea, la depreciación  acelerada, la compra de activo fijo aumentado, el cambio de sujeto de pago de IVA y las alternativas en el pago de PPM.

Lo importante es descartar de plano el fantasma generado en relación a un eventual perjuicio para las pequeñas empresas por el impacto, especialmente del FUT. Ello no es efectivo, sólo el 5% de la inversión se origina en este segmento, en tanto el 95% de las empresas genera utilidades tributables menores a $ 77 millones al año.

Es posible, en este ámbito, pensar en otras medidas complementarias, ya fuera de la esfera tributaria, que estimulen a las PYME a renovar su activo fijo y potenciarse, mediante programas de fomento y crédito con tasas preferenciales, camino seguido por éxito por naciones como Italia durante la crisis financiera.

El último aspecto contenido en la reforma es el control a la evasión y elusión. La percepción de incumplimiento por parte de quienes tienen más recursos desestimula el pago de quienes cumplen, más aún si las rentas del trabajo aparecen perjudicadas frente a las del capital, que cuentan con una serie de beneficios poco explicables.

Relevante es, por tanto, la incorporación de un tipo genérico respecto de la elusión y la incorporación de normas que tienden a cerrar forados relevantes como la tributación de los Fondos de Inversión Privados; la adquisición de bienes muebles por parte de empresas y la enajenación de inmuebles a partir de la segunda venta, antes sujetas al criterio de la habitualidad.

Se trata, en definitiva, de una reforma bien estructurada, que permitirá financiar mejores servicios para todos y, mucho más importante, posibilitará lograr una mayor cohesión e inclusión social, avanzar en la necesaria justicia tributaria y, en definitiva, enfrentar decididamente la desigualdad, como lo ha comprometido la Presidenta Bachelet.