Tribunal fijó las costas en el caso de Recaredo Gálvez

La audiencia de lectura de la sentencia, no fue como suele ocurrir, el final para el caso del dirigente estudiantil y ex presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, Recaredo Gálvez Carrasco, quien fue acusado de haber intentado lastimar a un oficial de Carabineros con una bomba molotov en 2011. Y no lo fue, porque el tribunal oral penquista decidió condenar en costa a la Fiscalía y al querellante particular.

Por eso el defensor penal público del estudiante, Humberto Alarcón Corsi, solicitó luego que ninguna de las partes recurriera de nulidad y la sentencia de inocencia quedará firme y ejecutoriada, que el tribunal citará a una audiencia para fijar y tasar las costas del juicio.

Esa audiencia se realizó en el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción, donde los jueces Hernán Rodriguez, Ximena Israel y Celín Figueroa determinaron que el monto de las costas del juicio había ascendido a 3 millones 651 mil 921 pesos. Lejos de los 200 mil pesos que solicitó la fiscalía y el querellante como monto a pagar.

Esta cifra corresponde al monto que tiene fijado la Defensoría Penal Pública, como arancel de referencia para el cobro a sus usuarios, en caso de llegar a un juicio oral y éstos tengan los recursos de pagar el servicio, tal como lo ratificó el defensor Alarcón a ala salida de la audiencia.

“Esta fue una causa compleja, que obligó a al institución a destinar una serie de recursos a ella, pensábamos que las costas podían ser mayores, pero estamos conformes porque se fijó un monto razonable, teniendo presente los aranceles que maneja la defensoría para el caso de un juicio oral", dijo.

En principio esta decisión no puede ser apelada y una vez notificada la defensoría que la resolución se encuentra a firme, se procederá a oficial al Consejo de Defensa del Estado para que haga efectivo el cobro, que el tribunal en su sentencia detallo debe ser pagada dos tercios por la Fiscalía y el tercio restante por el Mayor de Carabineros Rolando Molina. Será el Consejo de Defensa del Estado el encargado de hacer efectivo este cobro.

Fuente: Defensoría Penal Pública