Red Contruyamos: A 2 años del 27 F, le exigimos al Gobierno una reconstrucción real
Nuestra sociedad enfrenta esta fecha sin la esperanza de que se superarán las condiciones que dieron lugar al desastre. No reconocemos como verdaderas las cifras gubernamentales, porque –como lo hemos demostrado- son cuentas manipuladas para enmascarar la realidad. Pero el mayor problema que surgirá de esta política de reconstrucción es que no otorgará un futuro de dignidad y de mejor calidad de vida para la comunidad.
En los campamentos de emergencia, la reconstrucción de viviendas está muy debajo del 10% de los afectados. Las “soluciones” que declara el gobierno se basan exclusivamente en el otorgamiento nominal de subsidios para una parte de la población damnificada, la que tampoco alcanza las cantidades anunciadas, reduciéndose a menos de la mitad del total de familias de damnificados inscritos en el registro de viviendas dañadas. Las soluciones habitacionales que programa el gobierno no cubren a las víctimas que tenían calidad de arrendatarios y allegados. Por otra parte, a nuestro juicio, las medidas de reparación que deben llevarse a cabo tienen que realizarse sobre la base de la dignidad humana y de condiciones razonables que ayuden a superar la marginación y la pobreza, no que, por el contrario, ahonden y perpetúen tales condiciones; sin embargo, los proyectos habitacionales que se realizarán carecen de una calidad mínima, relegando a la gente a localizaciones extremadamente distantes de los centros urbanos, en malas condiciones de conectividad, de construcciones reducidas y hacinadas, y de materiales de baja calidad.
La política de reconstrucción ha permitido al gobierno justificar expropiaciones a numerosos sectores sociales, a los que, bajo el pretexto de la “inhabitabilidad”, ha impuesto a miles de familias erradicaciones o privaciones de sus viviendas. Denunciamos la existencia de estafas, las que fueron encabezadas en primer lugar por la ex intendenta Van Rysselberghe, que obligó a poblaciones enteras a abandonar sus propiedades en los cerros de Centinela en Talcahuano, en la población Aurora de Chile en Concepción, en la Villa Futuro de Chiguayante o en Camilo Olavarría en Coronel. El objetivo ha sido la expropiación y reubicación de los pobladores, con indemnizaciones de valores ínfimos que no representan la tasación real de sus viviendas, para darle a sus suelos un destino que beneficia a la gran empresa inmobiliaria. Un nuevo privilegio para este sector, que no ha dejado de tener éxitos económicos, incluso bajo las circunstancias del 27-F de 2010.
El elemento común a todas estas problemáticas es el olvido y el aprovechamiento de los más vulnerables, en beneficio de intereses económicos coludidos con las autoridades del Estado. Al gobierno le exigimos este 27 de febrero una reconstrucción real, en condiciones de calidad y dignidad para todas las víctimas del terremoto. Reclamamos criterios de desarrollo urbano y habitacional que cumplan con estándares de vida mínimamente justos, es decir, respetar que la superficie de las viviendas no sean menores a 56 metros cuadrados (de acuerdo al estándar de la ONU para el derecho a la vivienda), en condiciones de accesibilidad al trabajo y a los servicios, en edificaciones de materiales y diseños seguros para la familia. Reclamamos el respeto de las comunidades y de su legítima propiedad sobre la tierra, impidiendo, de una vez por todas, el lucro inmobiliario, respetando el valor en la propiedad de la vivienda y, sobre todo, el derecho a la vivienda de toda la población.
