Las aguas en Alto Maipo no están transparentes

Las aguas en Alto Maipo no están transparentes

19 Agosto 2012

Se mantiene en secreto convenio entre Gener y Aguas Andinas por una insólita falta de acuerdo del Consejo de la Transparencia. Se produjo un empate entre los consejeros, lo que derivó en su denegación.

Chile Sustentable >
authenticated user

El viernes 10 de agosto, y luego de casi un año de tramitación, el Consejo de la Transparencia respondió el amparo por denegación de acceso a la información interpuesto por la  Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo y un grupo de siete senadores contra la superintendencia de servicios sanitarios, en orden a conocer el contrato celebrado entre Aguas Andinas y AES Gener por el tema Alto Maipo y el uso de las principales fuentes de agua potable de la ciudad de Santiago, con fines hidroeléctricos.

 Este fallo rechaza el amparo realizado contra la SISS, declarando dicho convenio como “reservado”, debido a que no se conformó “la voluntad necesaria por parte del Consejo”. En la práctica, los dos consejeros que vieron el caso, Vivianne Blanlot y Jorge Jaraquemada no pudieron alcanzar  acuerdo sobre la materia, y al “empatar” en sus juicios la petición se entiende denegada.

 “El consejero Jaraquemada estimaba que la mayor parte del convenio era privada y la consejera Blanlot dijo que era pública. Esta situación, en los hechos, significa privar a la ciudadanía del derecho constitucional a la información, simplemente por la vía de no llegar a un acuerdo. Esto vulnera el derecho que tiene toda persona de acceder a la información que está en poder de la autoridad, en este caso, la Superintendencia de Servicios Sanitarios. De persistir esta tesis, bastará que el Consejo Para la transparencia no llegue a acuerdo en estas materias, para que se entienda denegado un derecho, lo que no tiene precedente en nuestro país”, indicó el abogado Rodrigo Weisner, en representación de los senadores José Antonio Gómez, Isabel Allende, Antonio Horvath, Ricardo Lagos Weber, Jaime Quintana, Carlos Cantero y Fulvio  Rossi.

Al respecto, Sara Larraín,  directora de Chile Sustentable y parte de la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo, destacó que resulta  insólito que “un consejo creado por ley para velar por la transparencia de los actos de la administración pública, diga que no puede emitir pronunciamiento sobre un caso particular por no haber llegado a acuerdo. Su rol es llegar a un acuerdo, y negarse a resolver pone en jaque toda la institucionalidad pública de transparencia”, recalcó.

Los senadores que respaldan la iniciativa declararon su sorpresa, indicando que esperan que tan insólita resolución, sea revertida por la Corte de Apelaciones de Santiago, “dado que resulta poco confiable una actuación de un organismo que debe velar por la transparencia de los actos que inciden en un bien tan preciado, como el agua para el consumo humano, en este caso, para el abastecimiento para 6 millones de personas”.

Los legisladores recordaron que el propio Consejo, en un fallo emitido el año pasado declara públicos los contratos entre una minera y una sanitaria debido a que afectan las aguas para abastecimiento de las ciudades  de Calama y Antofagasta, dictan ahora un fallo en evidente contradicción con lo ya resuelto.

Al respecto, Marcela Mella, vocera de  la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo denunció que  “los intereses privados primaron por sobre los intereses públicos, lo que hace nuevamente necesario revisar la institucionalidad pública en  materia de transparencia y acceso a la información en Chile”.

 Tal como se consigna en el fallo del Consejo, se puede realizar un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, en los próximos días. Al respecto, tanto las organizaciones ciudadanas que son parte del proceso, como los senadores, acordaron proseguir con estas acciones legales.

EL PROYECTO ALTO MAIPO

La reclamación ante el Consejo de Transparencia se realiza porque tanto la empresa generadora AES Gener, como la sanitaria Aguas Andinas se opusieron a divulgar el acuerdo que compromete el uso para generación, de los recursos hídricos que abastecen el agua potable de Santiago. También  la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) organismo dependiente del MOP, denegó el acceso a dichos documentos, a pesar de que se trataba –como sostuvieron las organizaciones ciudadanas – de una visación de un organismo público, y por tanto afecto a la Ley 20.285 sobre transparencia de los organismos del Estado,

Marcela Mella recordó que desde 2007 hasta 2009, durante todo el proceso de evaluación ambiental del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, la empresa Aguas Andinas se opuso a éste, argumentado al igual que las organizaciones ciudadanas que afectaba los derechos de agua y la infraestructura de agua potable para los 6 millones de habitantes del gran Santiago.

Pero seis meses después de aprobado el proyecto, la Aguas Andinas firmó un  convenio secreto con AES Gener donde accede a ceder tanto el agua como la infraestructura de un servicio, que al ser concesionado debería ser se uso exclusivo para agua potable. “Conocer bajo qué parámetros se regirá este convenio, que durará 40 años, es a lo mínimo que todos los habitantes de Santiago, como potenciales afectados, tenemos derecho”, agregó la ecologista.

El proyecto Alto Maipo, que pretende instalar dos centrales hidroeléctricas de pasada con capacidad de 530 megawatts de potencia, fue aprobado ambientalmente en el año 2009, luego de dos ingresos, tres adendas, una reclamación ante el Consejo de Ministros de la CONAMA y una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, la que falló en su contra al detectar graves falencias ambientales e irregularidades en su procedimiento administrativo. A pesar de ello, la Dirección General de Aguas del MOP otorgó en septiembre de 2011 la autorización para iniciar sus obras mayores.

 Los integrantes de la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo han sostenido desde un principio que existen argumentos técnicos y ambientales claros  para objetar el proyecto, porque pone en riesgo la continuidad del suministro y la calidad  del sistema de agua potable de la capital, generando además un impacto ambiental relevante  sobre 100 mil hectáreas de riego, acelerando también el derretimiento de los glaciares de la zona y con un grave daño a la economía local.

La tramitación del acceso a la información sobre los contratos entre Aguas Andinas y AES Gener en el Consejo para  la Transparencia, ha constituido  un  hecho sin precedentes, pues  el proceso se realizó a fines de mayo con la mitad de sus miembros, ya que dos consejeros tuvieron que inhabilitarse para conocer la causa: uno de ellos debido a sus nexos con empresas del sector.