¿El posible desastre ambiental en Aysén, no es exclusividad de HidroAysén?

19 Junio 2012
La intención de la nueva ley de pesca, es entregar la riqueza del mar chileno a siete familias. Encerrando en escazas 5 millas náuticas a toda la actividad de la pesca artesanal a lo largo de Chile. El resto quedaría a disposición de las grandes pesqueras y de los “intermediarios".
Andrés Gillmore... >
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Aysén tiene tres actividades fundamentales que sostienen a la región, cultural, social y económicamente. La ganadería que fue el inicio histórico en la colonización. La pesca artesanal actividad que se desarrolla en todo el litoral del norte del territorio y el turismo, que es una actividad relativamente nueva, que se viene desarrollando en los últimos 20 años, que hoy es parte fundamental del nuevo Aysén. Las represas de HidroAysén y de Energía Austral destruirían la ganadería y el turismo. La nueva Ley de pesca pretendida por el gobierno, cambiaria totalmente la forma de vida de miles de pescadores artesanales de Aysén y no para mejor.

La intención de la nueva ley de pesca, es entregar la riqueza del mar chileno a siete familias que controlaran el negocio. Encerrando en escazas 5 millas náuticas a toda la actividad de la pesca artesanal a lo largo de Chile. El resto quedaría a disposición de las grandes pesqueras y de los “intermediarios”.

Desde el punto de vista de los pescadores artesanales es lógico que no lo acepten, sustentados en el conocimiento que tienen de su actividad por años en el oficio, con el entendimiento de la sustentabilidad que tiene que tener la actividad, “la nueva ley sobre explota el recurso, destruyendo su biodiversidad”. El gobierno pone de manifiesto en la intención, que no tiene  capacidad de proyectarse al futuro, es inmediatista, lo que nos hace terriblemente débiles y poco sustentables, si no respetamos el desarrollo sostenible en los 3 puntos claves que se tienen que tener en cuenta y considerar en estrategias de desarrollo: medio ambiente, economía y lo social.

La nueva ley traerá problemas serios al engranaje socio-cultural en los rendimientos económicos de las regiones afectadas y en las personas que viven de la actividad. Si no somos serios y no consideramos estos ítems fundamentales en la toma de decisiones en la proyección social de las implicancias para miles de pescadores artesanales, tendremos serios problemas sociales de relevancia que nos harán retroceder en la búsqueda del tan ansiado desarrollo.

Honorino Angulo actual líder de los pescadores artesanales de Aysén, con más de mil asociados activos y actual Director de la Comisión de Defensa de los Pescadores Artesanales de Chile, manifestó recientemente en Puerto Aysén, que se desenganchaban de la mesa social en el tema de la pesca artesanal y que irán con todo contra la nueva ley, por no estar dispuestos a vender bajo ningún punto de vista sus cuotas de pesca y destruir así su forma de vida.

Las intenciones de la nueva ley esta totalmente desbalanceada, por que solo benefician a las grandes pesqueras y olvidan a los pescadores artesanales, posibilitado por la falta de una legislación ambiental certera, que sepa reconocer los posibles delitos ambientales, que posiblemente resultarían al aprobarse leyes que no consideran la sustentabilidad ambiental del recurso. Si tuviéramos una legislación a la altura, perfectamente las intenciones de represar Aysén y la de modificar la ley de pesca, podrían encuadrarse en lo que se reconoce como delito ambiental, por sus repercusiones hacia las comunidades intervenidas y a la bio diversidad.

Delito ambiental es todo que amenaza al hombre: su calidad de vida, su eco-sistema, su proyección social, económica y cultural y la sobrevivencia de la familia. Este concepto moderno defiende al ser humano, su desarrollo consecuente, su sustentabilidad y su proyección de futuro. El país que no entienda la importancia de la protección del medio ambiente, afectara enormemente el desarrollo con políticas inmediatista, que repercutirán negativamente en la calidad de vida de los habitantes. 

En Chile la destrucción ambiental no ha sido menor, la práctica demuestra como lagos, ríos, glaciares, humedales y el mar, se ha venido destruyendo sistemáticamente por políticas de desarrollo sin conciencia, que permiten que empresas manejadas por ejecutivos sin ética trabajen a discreción, produciendo las actuales inconsistencias del modelo, en total detrimento de los chilenos y su proyección de vida.

La ley ambiental actual no tiene capacidad de obligar a las transnacionales a respetar con reglamentos precisos y puniciones, no solo en dinero como se acostumbra y si debería ser con cárcel efectiva para los ejecutivos y personeros de gobierno que cometan estos delitos o los permitan. De ser así lo pensarían dos veces antes de destruir el medio ambiente, la vida de las personas y las actividades económicas. No podemos ser serios al implementar estrategias de desarrollo, sin aliar la justicia social a la justicia ambiental.

En Chile el delito ambiental no se ha tipificado, siendo una clara contravención a los derechos humanos, demostrando la poca valía del modelo actual ante el ciudadano común, por un modelo que prioriza las empresas por delante del propio ser humano y vivimos en función de ellas, cuando debería ser lo contrario. Las empresas son un medio, no un fin.

En la actualidad existe un vacio legal de proporciones en lo referente al tema ambiental, permitiendo entre otras cosas que en Aysén a modo de ejemplo, un proyecto como HidroAysén tan deficiente y poco profesional sea posible, y sea viable modificar la ley de pesca en detrimento de la pesca artesanal.

En 1998 el 3 de junio, se registra la única moción parlamentaria para intentar reglamentar el delito ambiental. Con el registro 2177-12 de la cámara de diputados, fue presentada la primera y única moción en este sentido, presentada por los diputados Leopoldo Sánchez, Juan Bustos, Zarco Luksic y Aníbal Pérez pero fue desechada. Este grupo sabía la importancia de la ley y entendían el escenario futuro que llegaría en temas ambientales y energéticos, sobre todo si consideramos el fracaso de la decisión del gobierno de Frei Ruiz-Tagle al cambiar la matriz energética a gas natural argentino. Optando por el inmediatismo, en vez de la proyección de desarrollar una estrategia energética de base, que ha desencadenado el actual caos energético-medio ambiental, en un Chile destruido por la huella de carbono, sustentado por una matriz energética deficiente, a pesar de que somos el país con la mayor proyección real en energias renovables del planeta. 

La actual legislación es mediocre, permitiendo que las mismas empresas interesadas presenten sus propios estudios de impacto ambiental, lo que es en si mismo una aberración. Si queremos hacer las cosas bien, tendríamos que tener una auditoria externa como contra-parte profesional a todos estos estudios que presentan las empresas, que entreguen las garantías necesarias a los habitantes de los territorios que se pretenden intervenir, de acuerdo con estándares internacionales, en un país orgulloso de ser miembro de la OCDE.