La aplicación del artículo 161 A del Código Penal a periodistas, como acaba de suceder en el caso de cuatro profesionales de Chilevisión condenados por hacer una grabación de un eventual delito, constituye una limitación grave al ejercicio del periodismo, afirmó hoy la mesa directiva nacional del Colegio de Periodistas de Chile a través de una declaración.

Esta última hace referencia a la resolución de la jueza del ex 22° Juzgado de Crimen, Viviana Toro, en el caso de las grabaciones ocultas realizadas en la consulta de la siquiatra María Luisa Cordero por parte del programa “En la Mira". emitido el 11 de agosto de 2003, en el que se denunció el otorgamiento de licencias médicas fraudulentas, causa en la que terminó siendo sobreseída.

Después de ocho años de ocurridos los hechos, cuatro periodistas de Chilevisión fueron condenados a 61 días de reclusión por los delitos del inciso 1° y 2° del artículo 161 A del Código Penal, que sanciona la grabación y difusión de conversaciones privadas en lugares que no sean de libre acceso al público.

El Colegio de Periodistas planteó en 2010 la necesidad de derogar este artículo del Código Penal, conocido como “Ley Otero”, norma propuesta en los años noventa por el entonces senador Miguel Otero, quien propuso esta reforma inspirado en el caso de espionaje telefónico que afectó al actual Presidente Sebastián Piñera.

“No es correcto que se sancione a periodistas por registrar hechos que son de interés público, como es la ejecución de un eventual delito, ya que precisamente ese tipo de denuncia es de la esencia del bien colectivo que protege la libertad de expresión”, afirmó Marcelo Castillo, presidente de la Orden.

CASO DE MARCELO GARAY

Castillo recordó que el periodista Marcelo Garay fue encausado por esta misma disposición en 2009, tras ser detenido por Carabineros mientras registraba imágenes al interior de un recinto forestal, que una comunidad mapuche reivindicaba como propio.

“En 2010, la Fiscalía Regional retiró los cargos contra Garay, justamente porque el Ministerio Público entendió que él actuaba en función de su deber profesional”, explicó el dirigente nacional del Colegio de Periodistas.

Recordó también el profesional que el diputado Fernando Meza, junto a varios otros parlamentarios, presentó un proyecto de ley para que se eliminara esta disposición. “Hacemos un llamado a los parlamentarios a identificar y derogar con sentido de urgencia esta y todas las normas que dañan el derecho a la información de los ciudadanos”, concluyó Marcelo Castillo.