“Por exigirlo el interés nacional y en ejercicio del derecho soberano del Estado a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, nacionalízanse y declárense, por tanto, incorporadas al pleno y exclusivo dominio de la nación, las empresas que constituyen la Gran Minería del Cobre…” Así señala una de las disposiciones aprobadas que permitieron que el Estado recuperara el control del llamado “sueldo de Chile”.

Cuarenta años después de este hecho histórico, el cobre sigue haciendo un importante aporte al erario nacional, aunque sólo el 30 por ciento de la producción está en manos del Estado a través de Codelco, mientras que el 70 por ciento corresponde a grandes empresas privadas nacionales y extranjeras.

Como bien señala nuestro amigo y presidente del Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos, Edgardo Condeza, “nuestro cobre ha sido desnacionalizado sin que los chilenos hayamos sido informados”.

Por eso se ha vuelto a levantar con fuerza la idea de la re-nacionalización del Cobre ya que, aunque sólo representa el 30 por ciento de la producción nacional, se estima que este año Codelco aportará al Estado unos 9 mil millones de dólares. Es decir, poco más del doble de los recursos anunciados por el gobierno para ser inyectados a la educación en los próximos años.

Pero la desnacionalización de nuestros recursos y la privatización de las pocas empresas estatales que van quedando, no ha terminado.

A fines del año pasado, el gobierno de Sebastián Piñera anunció que se pondría a la venta el porcentaje accionario  del Estado en las empresas sanitarias. Hace pocas semanas se concretó la venta de las acciones estatales de Aguas Andinas y ahora se está en el proceso de hacer lo mismo con Essbío, la Empresa de Servicios Sanitarios del Bío Bío.

Si bien la privatización de las sanitarias se inició en el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y se materializó en el periodo  del presidente Ricardo Lagos, se estableció expresamente que el Estado se quedaría con un porcentaje de las acciones para tener un mayor control sobre las decisiones que se adoptaran.

Más que una medida necesaria para allegar más recursos a las arcas fiscales, nos parece que esta decisión tiene un trasfondo ideológico, que insiste en dejar hasta los servicios más esenciales al arbitrio de la regulación del mercado, cuando ya hemos visto en reiterados ejemplos que el mercado no siempre funciona.

Codelco y ENAP son las empresas estatales más importantes que van quedando, pero tampoco han estado exentas de amenazas privatizadoras. El gobierno ha negado insistentemente que esté siquiera pensando en esa opción,  pero no resulta muy creíble. Lo han dicho las propias organizaciones de los trabajadores del cobre y del petróleo.

Creemos que recursos tan sensibles e indispensables para nuestro desarrollo como el agua, el cobre, los hidrocarburos, los recursos pesqueros, no deben quedar en manos privadas. El Estado debe seguir ejerciendo su control y administración pues de otra forma quedamos expuestos a los vaivenes del mercado y de unos pocos privados que sólo les interesa multiplicar sus ganancias sin importarles la calidad de los servicios que ofrecen ni las tarifas que cobran.

Por eso el movimiento que busca la re-nacionalización del cobre, a 40 años de aquel histórico momento, no es más que la expresión de un pueblo que ya se cansó de los abusos, de la falta de equidad  social y de la creciente desigualdad en la distribución del ingreso.

Clemira Pacheco Rivas

Diputada