Tal como ocurrió en junio pasado con Aguas Andinas, ayer se realizó el remate de las acciones que tenía el Estado en las empresas sanitarias Essbio y Esval, a través de Corporación de Fomento de la Producción, Corfo.

Se trata de la participación de un 43,44 por ciento de papeles que el estado tenía en la sanitaria del Bíobío y del 29,43 por ciento en la de Valparaíso que fueron adjudicadas al controlador Ontario Teacher’s Pension Plan, actual controlador de ambas firmas que representa a un fondo de pensiones para profesores de Canadá.

La compra fue realizada, por el precio mínimo, a través de la corredora de bolsa Larraín Vial, quien fue el único interesado en el paquete accionario y recaudó, en total,  564 millones de dólares.

Esta transacción, como el resto de las enajenaciones en las sanitarias,  ha sido objeto de fuertes críticas a pesar de la decisión del Ejecutivo de mantener el cinco por ciento de la propiedad de cada una de las empresas para continuar con el derecho a veto sobre operaciones que involucren transferencias de derechos de aprovechamiento de agua.

Esta mañana diversas organizaciones ciudadanas llegaron hasta la sede de la Corfo para entregar una carta, dirigida al vicepresidente ejecutivo de la corporación, Hernán Cheyre, para solicitarle suspender definitivamente la venta de la participación del Estado en las sanitarias.

El líder del Partido Progresista, Marco Enríquez Ominami, señaló que se trata de una denuncia y una alerta a la ciudadanía, precisando que “significa enajenar una función del Estado en un área rentable, que además es estratégica para cualquier sociedad, que es el agua. Me parece que es la confirmación que Sebastián Piñera está desbocado y haya tomado la decisión que finalmente es aplicar un dogma de la derecha más predecible, que es la derecha que privatiza y reduce al Estado a su tamaño más ínfimo. Nos parece un error estratégico, pero además irracional porque supone recaudar por una única vez más de 500 millones de dólares, pero no para gasto permanente, y eso es absurdo económicamente, irracional y confuso”.

El ex candidato presidencial cuestionó al gobierno por argumentar que es un proceso iniciado en las administraciones de la Concertación, asumiendo que no es lo correcto, y añadió que esto da cuenta de que ninguna de esas opciones políticas es válida.

En tanto Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, afirmó que esta transacción, la segunda tanda de la privatización de las sanitarias, es un fraude.

“Esto se ha vendido hoy en 560 millones de dólares, lo que significa menos de dos años de las utilidades que recibíamos los chilenos y en este momento el Gobierno de Sebastián Piñera está consumando el desprendimiento del 40 por ciento de los ingresos que disponía Corfo para todos sus fondos de dicados a la promoción del desarrollo”, enfatizó la ambientalista.

La ambientalista sostuvo que están estudiando su impugnación constitucional puesto que esta venta violaría la carta fundamental ya que la enajenación o venta de bienes públicos sólo puede hacerse luego de la aprobación del Congreso o de una orden expresa del Presidente de la República.

Por su parte Hugo Maturana, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias (Fenatraos) insistió en que la operación bursátil es un error y anunció la presentación de un recurso judicial para hoy.

“Nosotros le pedimos a la Corfo que nos entregará cuál fue el acuerdo, adoptado 20 días atrás, del Consejo de Corfo sobre la venta de las acciones de estas cuatro empresas involucradas y nos contestan que tienen un plazo de 20 días para entregar los documentos, sabiendo que hoy era el remate. Los 20 días se vencen el martes. Ese es el ambiente de las conversaciones. Lo más importantes es que nosotros vamos a presentar este viernes ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de nulidad sobre los acuerdos de Corfo ante este proceso”, señaló el dirigente.

Maturana criticó que el Gobierno ha actuado en forma poco transparente frente al país respecto del destino final que tendrán estos recursos.

Cabe señalar que incluso ha habido cuestionamientos desde el oficialismo, puesto que ayer los senadores de Renovación Nacional Antonio Horvath, Lily Pérez, Francisco Chahuán, José García Ruminot, junto al regionalista Carlos Cantero, más el independiente Carlos Bianchi, enviaron al ministerio de Economía un oficio solicitando revisar la venta.