En primer lugar, el pago de licencias médicas no proviene del presupuesto de la nación, sino de la propia imposición mensual del trabajador, de su fondo de salud. No se saca del cobre, ni de los impuestos a las grandes empresas, ni del IVA, sino de la imposición del trabajador. No puede haber excusa para no cancelarlas.

En segundo lugar, hasta 1974, las cotizaciones de salud de los trabajadores se repartían entre el Estado (61%), el cotizante (19%) y el empleador (19%). En 1989, tras los geniales políticas neoliberales -las mismas que gobernaron con la Concertación y que hoy conducen las políticas de Piñera-, el aporte del Estado pasó de 61% a un 17%, el cotizante de un 19% a un 81% y el empleador de un 19% a 1,6%, por lo demás voluntario. La mayor parte del aporte a la salud, lo asume el propio trabajador, frente al escaso aporte del Estado, y al prácticamente nulo aporte del empleador. En el Chile actual, postconcertación, las variaciones son anecdóticas. Este fenómeno de desprotección social es mundialmente inédito. Solo se produce en países donde el ingreso per cápita es muchísimo mayor que el chileno, por ejemplo Finlandia.