La jueza Karen Atala y sus tres hijas fueron víctimas de discriminación de parte del Estado de Chile. Así de claro y contudente lo concluyó el viernes pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) al decidir demandar a nuestro Estado ante la Corte Interamericana de DDHH, donde la magistrada y sus hijas tienen ahora depositadas las esperanzas para alcanzar la justicia negada en su propio país.
El Caso Atala es, sin duda, uno de los más brutales episodios de homofobia conocidos en Chile, pues la Corte Suprema negó en mayo del 2004 a una madre y sus tres hijas el derecho de vivir juntas sólo por la orientación sexual de la progenitora. Un fallo que burló los derechos humanos, pues enfatizó irracionalmente que no hubo discriminación en este caso, por cuanto no se despojaba a la jueza de sus hijas por ser lesbiana, sino por convivir con su entonces pareja, la historiadora Emma de Ramón, y por haber hecho pública su orientación sexual.
La nula solidez y coherencia de esta postura fue precisamente la que defendió el pasado gobierno ante la CIDH, mientras que el actual, según lo conocido públicamente hasta ahora, no ha cumplido todas las recomendaciones exigidas por la mencionada instancia internacional.
No es extraño entonces que De Ramón sostenga que ha recibido la determinación de la CIDH con “satisfacción, pero a la vez con una inmensa tristeza de ver que en nuestra patria -más encima en el Bicentenario- no haya habido ninguna posibilidad de llegar a conmover, no solamente al Gobierno, sino que también al Parlamento, respecto a la necesidad que existe de proteger las familias que son diversas".
Y la protección de las familias diversas pasa necesariamente por legislar sobre los derechos de todas las parejas, sin diferencias arbitrarias, y por aprobar el Proyecto de Ley que Establece Medidas contra la Discriminación, el cual está estancado en el Congreso Nacional precisamente porque una lucha de 10 años del Movilh ha conseguido que la iniciativa incluya a la orientación sexual y el género como categorías protegidas.
En ese sentido el Gobierno actual no sólo debe asegurar que cumplirá las recomendaciones de la CIDH, como lo hizo en un comunicado conocido ayer, sino también definir claramente las fechas cuando ello ocurrirá. En este Bicentenario, los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales ya no se garantizarán con metas, sino también con plazos, siendo esta la única salida concreta para no postergar el debate de manera indefinida, mientras miles ven vulnerados sus derechos con total impunidad.
Acá, la Concertación también debe fijar postura. Sus bancadas en el Senado saben, porque así se los hemos hecho saber en reiteradas oportunidades, que basta su decidida definición para que el proyecto contra la discriminación pase por su votación final, no siendo necesaria la urgencia del Ejecutivo.
Por su lado, la ex presidenta Michelle Bachelet, en su calidad de secretaria general adjunta de ONU-Mujeres debe, al igual que toda la Concertación, fijar postura sobre los derechos de las lesbianas, el sector del sexo femenino más despotegido en el mundo en cuanto a garantías de igualdad de derechos, y asumir la responsabilidades que en ello les compete tras 20 años de Gobierno.
En síntesis, la reparación de los daños personales causados a Atala y a sus hijas, así como la implementación de medidas contra la discriminación a lesbianas, gays, bisexuales y trasexuales no bastan. Es preciso que las autoridades que han representado a nuestro Estado desde el homofóbico fallo de la Corte Suprema, pidan disculpas por el daño ocasionado y reconozcan, al unísono,que hubo discriminación, pues quizás este gesto es el más reparador de todos.
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-periodismohumano.com